Aunque contaba con permiso ambiental de Cortolima, la empresa fue cerrada tras denuncias de la comunidad por afectaciones en salud. El alcalde ofreció reubicación en la zona industrial.

La Alcaldía de Lérida ordenó el cierre definitivo de una fundidora de aluminio que operaba en zona rural del municipio, tras evidenciarse que el predio donde funcionaba no contaba con uso de suelo industrial. Así lo confirmó el alcalde Luis Carlos Amezquita, quien explicó que la decisión se tomó con base en las denuncias de la comunidad y tras una visita técnica acompañada por la Dirección Local de Salud, la Inspección de Policía y la Procuraduría Ambiental.

Aunque la empresa operaba bajo un permiso ambiental emitido por Cortolima, dicho permiso fue modificado en diciembre, lo que permitió revisar las condiciones de funcionamiento. Según el mandatario, el municipio tiene un esquema de ordenamiento territorial vencido, pero los usos del suelo siguen vigentes y deben cumplirse.

“Allí no está permitido el desarrollo de actividades industriales. Se aplicó lo que corresponde en estos casos y se le propuso a la empresa que se traslade a la zona industrial del municipio”, afirmó Amezquita, quien también reconoció que la compañía genera empleos en el sector y es necesario buscar una salida que no afecte ni a los trabajadores ni a los vecinos.

El alcalde dejó claro que la decisión no se tomó arbitrariamente, sino siguiendo el debido proceso, con respaldo de la Procuraduría Ambiental y bajo parámetros técnicos.

La empresa deberá ahora decidir si acoge la propuesta de traslado o abandona el territorio. Entre tanto, la administración reiteró su compromiso con la legalidad y la protección del bienestar de los habitantes del municipio.