Cuarenta años después, la Defensoría del Pueblo advierte que el daño sigue vigente y que miles de víctimas aún esperan verdad y restitución.

El desastre de Armero no solo dejó más de 25.000 muertos; también provocó un desplazamiento forzado por desastre que, según la Defensoría del Pueblo, sigue sin reparación integral después de cuatro décadas.

Así lo reveló la defensora del pueblo, Iris Marín Ortiz, al presentar el informe Armero, 40 años de vulneración de derechos, una investigación que recoge las voces de sobrevivientes, familias relocalizadas y comunidades que aún cargan con los efectos del 13 de noviembre de 1985.

“Encontramos que el daño continúa y la reparación no ha sido total. Hay personas que todavía no tienen claro el paradero de sus familiares, no cuentan con acompañamiento psicosocial y tampoco con la restitución de sus predios”, señaló Marín Ortiz.

De acuerdo con la funcionaria, el 70% de los sobrevivientes, y también sus descendientes, reportan afectaciones en su salud mental relacionadas con ansiedad, insomnio y miedo constante ante posibles desastres naturales. Aun así, más del 80% aseguró no haber recibido ningún tipo de apoyo psicológico o social en estos 40 años.

El informe también advierte que no existe un censo completo de las víctimas ni claridad sobre los antiguos propietarios de los terrenos que ocupaba el municipio.

Entre las principales recomendaciones está la creación de una ley que reconozca el desplazamiento forzado por desastres, más allá de los factores ambientales, y la adopción de políticas públicas para la prevención, reunificación familiar, salud mental y proyectos productivos para los afectados.

“Hoy tenemos una deuda con Armero. La tragedia continúa en las familias que nunca fueron reparadas y en un Estado que aún no logra reconocer plenamente lo ocurrido”, concluyó la defensora del pueblo.