La representante Martha Alfonso celebró la aprobación en primer debate de la ley que busca que dignatarios de las Juntas de Acción Comunal, tengan salud, seguros y protección.

La Comisión Séptima de la Cámara de Representantes ha dado un paso fundamental hacia el reconocimiento de la labor social de los líderes comunitarios del país. En el primer debate de los cuatro requeridos, fue aprobado el Proyecto de Ley 082 de 2025, una iniciativa clave que busca establecer un esquema de protección integral para los presidentes y dignatarios de las Juntas de Acción Comunal (JAC).

La congresista por el Tolima, Martha Alfonso, promotora y defensora de la iniciativa, explicó que la ley busca dignificar el trabajo que estos líderes realizan "como hormiguitas" en cada barrio y vereda del territorio nacional, una labor que históricamente se ha desarrollado en condiciones de total desprotección.

Un paquete de beneficios y seguridad Social

El proyecto de ley se enfoca en crear una red de seguridad social para los dignatarios. En materia de salud, propone dos acciones cruciales:

* Asegurar la afiliación obligatoria al sistema de salud de aquellas personas que actualmente no cuentan con cobertura.
* Ordenar a las Alcaldías Municipales de todo el país la caracterización urgente de los líderes que aún no están en el sistema para garantizar su inscripción en el SISBÉN y, por ende, su acceso a los servicios de salud.

Las garantías van más allá de la atención médica. La iniciativa también contempla la creación de un seguro de vida y una póliza contra accidentes que cubra cualquier percance sufrido por el dignatario en el ejercicio de sus funciones.

De igual manera, se incluirá el reconocimiento de las incapacidades médicas y un auxilio exequial en caso de que el dignatario fallezca mientras ejerce su cargo.

Finalmente, el proyecto aborda el riesgo de seguridad que enfrentan muchos líderes. Propone la coordinación entre la Unidad Nacional de Protección (UNP) y las autoridades locales para brindar protección a aquellos dignatarios que reporten problemas de seguridad, violación de derechos humanos o situaciones de riesgo para su vida debido a sus funciones.

La Representante Alfonso expresó su confianza en que este proyecto de ley, al reconocer esta deuda histórica del Estado, logre avanzar exitosamente en los tres debates restantes y se convierta en una ley de la República.