Tribunal Superior de Ibagué ordenó arresto contra gerente regional de la Nueva EPS en el Tolima por desacato
- por Kelly Perdomo
La sanción fue impuesta a un directivo de la entidad tras incumplir una orden judicial en favor de un paciente del Líbano.
En un fallo con profundo sentido social y en defensa de la dignidad humana, la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué confirmó la sanción de arresto domiciliario y multa impuesta a Aldemar Casadiegos Jaime, gerente regional centro oriente de la Nueva EPS.
La sanción se debe a que el funcionario incumplió una orden judicial que garantizaba el suministro de un medicamento vital a un paciente, Antonio Rafael Espinoza Rodríguez, en un caso promovido por Yamit Mendieta, exsecretario de planeación del Líbano.
El caso se originó a partir de una acción de tutela interpuesta por Espinoza Rodríguez, diagnosticado con psoriasis vulgar, al ver vulnerados sus derechos a la salud y a la vida. Un juez del Circuito del Líbano, Tolima, había ordenado la entrega del medicamento guselkumab 100 mg el pasado 14 de julio de 2025, pero la EPS omitió cumplir, lo que obligó al paciente a interponer un incidente de desacato.
El Tribunal resaltó que el directivo fue debidamente notificado, pero guardó silencio, asumiendo una actitud omisiva. El incidentado no acreditó el cumplimiento de la orden de tutela ni justificó el motivo por el cual no se llevó a cabo.
La Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Ibagué concluyó que la omisión de la entidad es “palmaria” y que su inobservancia de manera injustificada vulnera los derechos fundamentales del paciente, a quien se le negó un medicamento vital desde el 14 de julio de 2025.
La decisión ratifica la sanción de tres días de arresto domiciliario y una multa equivalente a tres salarios mínimos legales mensuales vigentes para el directivo de la EPS. Además, ordena al juzgado de origen que tome las medidas necesarias para el cumplimiento efectivo de la sentencia, de acuerdo con los artículos 23 y 27 del Decreto 2591 de 1991.