Condenan a exgerente del Hospital Federico Lleras por irregularidades en millonario contrato de equipos médicos
- por Kelly Perdomo
Un juzgado de Ibagué emitió sentido de fallo condenatorio contra Iván David Hernández y Hernán Moreno por comprometer vigencias futuras sin sustento legal, en contratos por más de $2.600 millones.
La justicia emitió sentido de fallo condenatorio contra el exgerente del Hospital Federico Lleras Acosta, Iván David Hernández Guzmán, y el excoordinador de la Unidad de Cuidado Crítico, Hernán Moreno Herrán, por su responsabilidad en la celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales, durante su gestión entre los años 2009 y 2011.
De acuerdo con la investigación liderada por una fiscal de la Unidad de Administración Pública, ambos exfuncionarios habrían actuado como coautores en un esquema de contratación directa irregular con la empresa Hernández Troncoso y CIA S. en C., para la adquisición de equipos destinados a la Unidad de Cuidado Crítico del centro hospitalario.
El proceso reveló que el contrato inicial, identificado como el 271 de 2009, contemplaba la dotación de equipos médicos especializados con opción de compra a cinco años, por un valor de $208.800.000. Sin embargo, este fue seguido por dos contratos adicionales en 2010 y 2011, con la misma empresa y objeto, por una suma total superior a los $2.600 millones.
Las autoridades determinaron que el contrato matriz fue utilizado como distracción, mientras que en realidad se proyectaba una contratación a largo plazo, sin que existiera el respaldo presupuestal ni los trámites legales exigidos, como el proceso de licitación pública, requerido al superar los mil salarios mínimos legales mensuales vigentes.
La Fiscalía logró demostrar que Moreno Herrán, entonces coordinador de la unidad, elaboró el estudio de conveniencia del contrato y posteriormente asumió la supervisión del mismo, lo cual compromete aún más su responsabilidad dentro del esquema.
La lectura de la sentencia fue fijada para el próximo 7 de noviembre de 2025, fecha en la que se conocerá la pena que deberán afrontar los exfuncionarios por estos hechos que comprometen recursos públicos y afectan la confianza institucional en el sector salud del Tolima.