El fallo del Consejo de Estado tumbó la orden de instalar dicho elemento para evitar que las personas desde allí decidieran acabar con su vida.

El personero Municipal de Ibagué, Educardo Espinosa Palacios, dio a conocer que el Consejo de Estado falló en contra de la instalación de elementos de protección, esto como una medida para evitar que se registren más hechos de suicidios consumados desde el Puente de la Variante.

“En el tema del Puente de la Variante hubo fallo del Consejo de Estado en la segunda instancia de la acción popular, en primera instancia se había vinculado a APP Gica y municipio de Ibagué, ordenando dos temas la línea de Política Pública de Salud Mental y unas obras en esta estructura”.

Según Espinosa Palacios, dicho fallo generó sorpresa, debido a que centra la responsabilidad del tema al municipio a través de una Política Pública, que no obliga a realizar alguna obra a la estructura como se buscaba inicialmente.

“Nos dejó un poco desconcertados el fallo del Consejo de Estado, en el sentido de que todo se va hacia la idea de la prevención en la política pública del suicidio. Además no se obligó ninguna tarea de infraestructura como la instalación de mallas”.

Entre tanto, el jefe del Ministerio Público, reveló las acciones que se están contemplando realizar, con el fin de insistir en la necesidad de instalar una malla de protección.

“Estamos revisando las posibilidades que tenemos dentro de las causales que establece, para entablar la acción de revisión, vemos que no será fácil, haremos un estudio juicioso, pero si no nos da las causales para la acción de revisión, llegaríamos al despacho del magistrado que conoció la decisión y solicitar que se adicione la sentencia para tener en cuenta lo dicho en primera instancia, que son los temas de infraestructura”.

Finalmente, el personero relató que con base a esto, se deben tomar acciones en un tiempo de 90 días pero netamente en materia de salud mental, a través de acciones que lidere la Secretaría de Salud.

“Así las cosas no habría malla, solo se limitaría a la obligación que quedó consignada a cargo del municipio de Ibagué, para efectos de liderar la Política Pública de Salud Mental con un plazo de tres meses para presentar en el Concejo Municipal y priorizar una línea de atención y prevención en materia de suicidio”.