Piden trasladar caso de piques ilegales del alcalde Hurtado a otra ciudad por 'presiones mediáticas'

por Juan David Ortiz

Según el abogado del mandatario local, las notas periodísticas están afectando la imparcialidad e independencia del juez del caso. 

Andrés Hurtado Alcalde

El juicio oral del alcalde de Ibagué, Andrés Hurtado, por el polémico caso de los piques ilegales en el aeropuerto Perales en el año 2014, seguirá estancado por una maniobra jurídica de la defensa.   

El abogado Humberto Escobar solicitó ante el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Ibagué el cambio de radicación del expediente a otra ciudad porque, presuntamente, se estarían vulnerando los principios de imparcialidad e independencia del juez Henry Hernán Beltrán

Para la defensa de Hurtado el caso se ha visto afectado por la filtración de datos a los medios de comunicación que podrían afectar las garantías procesales y ejercer influencia en la decisión del togado.  

El abogado se refirió a la revelación que hizo un portal local de las nuevas fechas de continuación de las audiencias de juicio oral, antes de que la defensa fuera notificada.

Asimismo, de los artículos en donde abogados penalistas advierten la suerte jurídica que correrá el alcalde Hurtado, luego de la condena a más de cuatro años de cárcel del exvigilante de la terminal aérea, Daniel Cadena Ortiz.

Por esta razón, Escobar pidió abrir investigación para establecer quién fue el que, presuntamente, filtró la información.

“Esas publicaciones en las diferentes plataformas tienen una influencia en el fallador y esa influencia hace que se incline a un determinado lugar impidiendo que las garantías procesales sean plenas”, señaló el abogado.

De igual manera indicó que dichas notas periodísticas afectan la independencia e imparcialidad del operador jurídico e instó a que se apliquen todas las disposiciones legales al mandatario local, que para la época de los hechos, era operador del Aeropuerto Perales.

Víctimas, Procuraduría y Fiscalía se opusieron a la petición

Los representantes de víctimas de la Aeronáutica CIvil, Procuraduría y Fiscalía se opusieron a la petición de Escobar y la calificaron como una medida dilatoria. 

La fiscal seccional 38 de delitos contra la administración pública, Elizabeth Torres, tildó la petición de 'un atropello contra la administración de justicia' y afirmó que la solicitud es extemporánea.

“Esta es una maniobra dilatoria temeraria que está haciendo el señor defensor con el cariño y respeto que le tengo. Ya vamos, según lo que estoy viendo, con tres sesiones de audiencia que no podremos continuar, no entiendo cuál es la preocupación”, dijo la fiscal.

Por su parte, el representante de la Procuraduría, Edgar Alfonso Sáenz, cuestionó la postura de la defensa y coincidió con la postura de la Fiscalía.  

“El defensor debió advertir eso con tiempo y no a última hora. Esa es la razón por la que el Ministerio Público considera que estamos frente a otra maniobra dilatoria”, dijo Sáenz.  

Lo mismo subrayó Marco Ricardo Mariño, representante de las víctimas de la Aeronáutica Civil y catalogó como un despropósito tener que trasladarla a ciudades cercanas como Neiva o Armenia, en donde no haya influencia mediática.

“Este es un caso ya conocido a nivel nacional y a los medios de comunicación no los podemos sustraer de su oficio. En cualquier parte del país va a suceder lo mismo. Si lo que pretende el abogado es eso, pues tendríamos que llevarnos el proceso a otras instancias fuera del país que sería un despropósito”, argumentó Mariño.

Por su parte el Juez Segundo Penal del Circuito de Ibagué, Henry Hernán Beltrán, señaló que la Sala Penal del Tribunal Superior de Ibagué resolverá la petición de cambio de radicación del expediente en tres días hábiles, según el artículo 48 del Código de Procedimiento Penal.

Juez denunció presiones mediáticas y amenazas

Antes de finalizar su intervención el togado denunció presiones mediáticas y amenazas contra sus hijos, asimismo, responsabilizó al Estado colombiano de cualquier cosa que le suceda.  

“Si algo llega a sucederme a mí o mi familia responsabilizo al Estado colombiano por completo. Nadie sabe el drama que han vivido en sus colegios o yo viéndome expuesto por este tipo de presión mediática”, concluyó el juez.