Un soldado activo y un intendente pensionado de la Policía, entre los 10 judicializados tras una investigación de dos años.

La Fiscalía General de la Nación ha logrado la judicialización de 10 presuntos integrantes de un grupo de delincuencia organizada señalado de comercializar armamento y municiones de uso privativo de las Fuerzas Armadas a estructuras de las disidencias de las FARC en varias zonas del país, incluyendo Tolima, Cauca, Meta y Arauca. La red también suministraba armas a bandas ilegales urbanas en Bogotá.

Entre los judicializados se encuentran un soldado profesional activo del Ejército Nacional, Jhon Alexander Salgado Osorio, quien presuntamente sustraía municiones, granadas y partes de armamento de los batallones para su venta. Asimismo, Alberto Hernando Orozco Salcedo, un intendente pensionado de la Policía Nacional, es señalado como uno de los cabecillas de la red criminal.

Orozco Salcedo, al parecer, reclutaba a personas con acceso a Indumil para extraer armas de fuego y municiones que luego eran vendidas con permisos falsos. La investigación, que se extendió por cerca de dos años e incluyó interceptaciones telefónicas, reveló que estas personas se dedicaban a la búsqueda constante de una ganancia ilícita a través de la venta de municiones, pistolas, revólveres, escopetas, partes de armas y armas de uso privativo de las fuerzas militares, como fusiles, ametralladoras y lanzagranadas.

Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales presentó a los implicados ante un juez de control de garantías en Bogotá. Se les imputaron los delitos de concierto para delinquir agravado; fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones; y utilización ilegal de uniformes e insignias.

La investigación también estableció que estas personas presuntamente sustraían armas, municiones y explosivos de batallones ubicados en Bogotá, el Fuerte Militar de Tolemaida y la sede de Indumil en Soacha (Cundinamarca).

Además, se conoció que utilizaban salvoconductos vencidos para engañar a comercios que venden municiones legalmente.

Durante las nueve diligencias de registro y allanamiento adelantadas por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la Brigada 13 del Ejército Nacional, se incautaron 20 salvoconductos vencidos, 3.184 municiones de varios calibres, 6 partes de fusil, 67 proveedores de diferentes tipos de armas, 13 pistolas, 16 rifles, 7 revólveres, 1 lanzagranadas, 1 subametralladora, 5 escopetas, 4 carabinas, 1 detonador eléctrico, 55 uniformes pixelados similares a los usados por las Fuerzas Militares y 45.000.000 de pesos en efectivo.

Luis Eduardo Urueña Díaz, Henry Mosquera Ramírez, Bernardino Wilches Vargas, Jaime Humberto Puentes Puentes, Jairo Enrique Valenzuela Ramírez, Alberto Hernando Orozco Salcedo y Homes Bastidas Ardila aceptaron los delitos imputados. A todos los procesados se les impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario por disposición de un juez de control de garantías.