La entidad argumenta que la medida restringe el acceso al deporte y afecta la economía de las familias, vulnerando el derecho fundamental de niños, adolescentes y jóvenes.

La Defensoría del Pueblo Regional Tolima ha enviado una misiva a la alcaldesa de Ibagué, Johana Aranda, solicitándole reconsiderar la decisión de implementar el cobro por el uso del parqueadero en el Parque Deportivo. Ana María Enciso, defensora del Tolima, explicó que la medida, producto de una concesión, podría estar generando una barrera para el acceso al deporte y afectando la economía de las familias ibaguereñas.

Según Enciso, la preocupación de la Defensoría surge del "decálogo de derechos y acciones" establecido por la defensora nacional, Iris Marín, que prioriza la garantía de derechos para diversos grupos poblacionales.

"Es fundamental para nuestra Defensoría que las administraciones municipales asuman un compromiso real con la promoción de ese derecho al deporte, que es un derecho fundamental", afirmó Enciso. La defensora enfatizó que el acceso al deporte no debe convertirse en un privilegio o una carga económica desproporcionada para las familias, especialmente considerando las limitaciones económicas que afronta una ciudad como Ibagué.

La Defensoría argumenta que el cobro por el parqueadero genera una "talanguera" o barrera de acceso y permanencia en estos espacios. "Generar estos cobros puede hacer que muchas familias vean de alguna manera menoscabado su recurso y entonces digan, no, pues va a ser imposible estar acompañando a los niños o llevarlos a estos escenarios y los niños van a tener esas barreras de acceso para poder realizar esas actividades deportivas", explicó Enciso.

Si bien la Defensoría reconoce la necesidad de mantenimiento de los escenarios deportivos, sugiere que la administración municipal debe buscar "otros mecanismos administrativos para garantizar esos recursos para poder mantenerlos en buen estado". La carga económica, insiste la Defensoría, no debe ser trasladada directamente a los bolsillos de las familias, sino que los recursos para el sostenimiento deben provenir de la propia administración, tal como lo establece la ley.