El contralor municipal Ariel Augusto Medina, determinó revocar la orden de archivo el proceso de responsabilidad fiscal a la Gestora Urbana por el no cobro de arrendamientos de más de 1.300 inmuebles entre los años 2013 – 2017.

Para Medina, la decisión tomada por la Oficina de Responsabilidad Fiscal de la anterior administración, "no resulta suficiente para concluir la inexistencia de daño patrimonial causado al municipio."

El titular del organismo de control fiscal indicó que se ha estimado en $1.436 millones la cuantía del posible detrimento ocasionado a los recursos del erario.

Luego de esta decisión de revocatoria del auto por el cual se archivó el proceso de responsabilidad fiscal, la primera instancia tendrá que seguir con las investigaciones adelantadas, decretar las pruebas que resulten necesarias y realizar todas las diligencias tendientes a esclarecer a los responsables de esta pérdida de recursos públicos.

Por: Paola Rojas Gómez, periodista regional