Demanda busca anular la elección de la jefa de Control Interno de Ortega por un "grave error" en su acreditación

por Kelly Perdomo

Al parecer la funcionaria Ana Mireya Morera Yate no cumple con los tres años de experiencia profesional que exige la ley para este cargo.

Ortega alcaldia

El municipio de Ortega enfrenta una nueva tormenta jurídica tras la radicación de una demanda de nulidad electoral contra Ana Mireya Morera Yate. El recurso, interpuesto ante el Tribunal Administrativo del Tolima, señala que el nombramiento de la actual jefa de la Oficina de Control Interno nació con vicios de legalidad insalvables.

Según el veedor ciudadano Gustavo Adolfo Collazos Roncancio, el "grave error" radica en que la funcionaria no reúne las calidades exigidas por el Decreto Ley 989 de 2020. Esta norma establece que, para municipios de quinta y sexta categoría, quien ocupe este cargo debe demostrar al menos 36 meses de experiencia profesional relacionada, requisito que la demandada habría incumplido.

El documento de la demanda sostiene que, tras un análisis detallado de la hoja de vida, Morera Yate solo logra acreditar válidamente 16 meses de experiencia. Esto dejaría un vacío de 20 meses que le impedirían legalmente ejercer el control de los procesos disciplinarios y administrativos de la Alcaldía de Ortega para el periodo 2026-2029.

Dentro de las pruebas presentadas se destacan presuntas irregularidades en certificaciones laborales de dos empresas privadas. La veeduría afirma que los documentos de las firmas Etniconsulta SAS y Universoft Edu SAS son idénticos en su redacción, lo que genera serias dudas sobre la veracidad del tiempo reportado en dichas entidades.

Además, el demandante cuestionó que la funcionaria intentara validar experiencia profesional durante el año 2024 mientras se desempeñaba simultáneamente como contratista en la Secretaría de Gobierno. Por ley, el tiempo de experiencia no puede contabilizarse por duplicado cuando los periodos de trabajo coinciden en el calendario.

Finalmente, la acción judicial solicita al Tribunal una medida cautelar de suspensión provisional para apartar a la funcionaria de su cargo de manera inmediata.