Crisis sanitaria pone en jaque el manejo de los residuos en el municipio del Líbano

por Kelly Perdomo

El veedor ciudadano Braulio Anacona denuncia la presencia de aves carroñeras y olores fétidos en la Granja La Alsacia tras realizar una inspección técnica en la zona.

Lombricultivo

Una preocupante situación ambiental tiene en alerta a los habitantes del barrio Las Ferias, en el municipio del Líbano al norte del Tolima. Las familias que residen en las inmediaciones de la Granja La Alsacia, un predio de propiedad municipal, denuncian que su calidad de vida se ha visto seriamente deteriorada en los últimos meses. El foco del problema sería un proyecto de lombricultivo operado actualmente por la empresa de servicios públicos Enser ESP.

Ante el llamado desesperado de la comunidad, el veedor ciudadano Braulio Anacona realizó una visita de verificación al lugar para constatar las denuncias sobre olores nauseabundos y la proliferación de chulos. La inspección contó con la autorización de la gerente de Emser ESP, Liliana Londoño, y fue facilitada por el operario de turno en las instalaciones de la granja.

Durante el recorrido, se recolectaron evidencias fotográficas y de video que muestran una disposición inadecuada de los residuos orgánicos. Según el reporte de la veeduría, el manejo deficiente de estos materiales no solo atrae fauna nociva, sino que genera una contaminación auditiva y visual que afecta la tranquilidad de los vecinos.

Según Anacona la evidencia sugiere que el proceso de aprovechamiento no se está realizando bajo los estándares técnicos requeridos. El veedor fue enfático al señalar que el municipio del Líbano no cuenta con los permisos ambientales necesarios para la operación de rellenos sanitarios ni infraestructuras de disposición final de gran impacto.

Braulio advirtió que estas actividades irregulares podrían constituir una grave infracción a la normativa vigente, poniendo en riesgo la salud pública de los libanenses y el equilibrio del ecosistema local.
Como respuesta a estos hallazgos, se han radicado denuncias formales ante la Procuraduría Ambiental, Cortolima y la Superintendencia de Servicios Públicos. Estas entidades serán las encargadas de adelantar las investigaciones pertinentes y determinar si existen méritos para imponer sanciones económicas o cierres preventivos.