La diputada Yully Porras cuestiona la legalidad de más de $11 mil millones en deudas y pide explicaciones claras a la Gobernación.

La asambleísta Yully Porras, del partido de la U, ha puesto en pausa un proyecto clave en la Asamblea Departamental, exigiendo total transparencia en el manejo de millonarias deudas heredadas de la administración anterior.

Su preocupación se centra en el Proyecto de Ordenanza 014 de 2025, que busca aprobar el pago de $11.683 millones en obligaciones pendientes.

Durante su intervención, la diputada fue contundente: "No me siento cómoda aprobando el pago de estas deudas sin que se demuestre el cumplimiento de los requisitos legales".

Irregularidades bajo la lupa

Porras ha encontrado inconsistencias significativas en las cifras presentadas por la Secretaría de Hacienda. Entre las más alarmantes se encuentran:

* Una diferencia en los cálculos: mientras la cifra oficial es de $11.683 millones, la suma individual de los proyectos arroja un total de $11.656 millones.

* De los 35 proyectos con deudas, 33 corresponden al periodo 2020-2021, que coincide con la administración del exgobernador Ricardo Orozco.

* El caso de un proyecto de gas, registrado en 2020, que solicita un pago de $4.006 millones, a pesar de que su costo total fue de $2.074 millones y ya se han ejecutado $1.685 millones, dejando un saldo real de apenas $389 millones.

La diputada sospecha que la administración pasada comprometió recursos sin el debido respaldo presupuestal, una acción que podría haber trasladado estos pagos a la gestión de la actual gobernadora, Adriana Magali Matiz.

Porras calificó este hecho como una "irresponsabilidad" que podría acarrear sanciones fiscales y disciplinarias.

Para garantizar la legalidad de los pagos, la diputada radicó un oficio con exigencias específicas, entre ellas:

* Un informe detallado de cada deuda, incluyendo el año, el número de los Certificados de Disponibilidad Presupuestal (CDP) y de los Registros Presupuestales (RP), así como los montos y saldos pendientes.

* Una certificación que confirme que cada obligación fue adquirida conforme a la ley.

* Una aclaración sobre el origen de $11.184 millones adicionales, catalogados como "recursos diferentes a deudas heredadas".

"Como Asamblea debemos garantizar la legalidad del gasto y la transparencia", afirmó Porras, insistiendo en que el nivel de detalle solicitado no es un capricho, sino su responsabilidad como funcionaria pública.

La diputada concluyó advirtiendo que no respaldará el proyecto hasta que todas las inconsistencias sean aclaradas, protegiendo así los recursos públicos de todos los tolimenses.