La Indignación comunitaria se centra por una decisión de Cortolima que no permitiría el funcionamiento de una planta de energía limpia.

Una controversial decisión de la Corporación Autónoma Regional del Tolima (Cortolima) ha paralizado el desarrollo de la planta solar "Los Venados" en la vereda Cofradía-Gallego, en el municipio de Venadillo, generando un fuerte rechazo por parte de la comunidad local. Los habitantes, que habían respaldado activamente el proyecto, califican la medida como "injusta" y una vulneración a sus derechos.

El proyecto, impulsado por la empresa internacional Voltalia, contemplaba la instalación de una planta fotovoltaica de 15 megavatios y una línea de transmisión de 34.5 kV, con una inversión superior a los 10 millones de dólares.

Sin embargo, para la comunidad, "Los Venados" representaba mucho más que una inversión; era una oportunidad concreta de empleo, formación técnica y generación de energía limpia en un municipio con una economía rural concentrada y una baja industrialización.

Eduard Ferley Carrillo Aranzalez, presidente de la Junta de Acción Comunal (JAC) de Cofradía-Gallego, ha enviado un derecho de petición a la Procuraduría General de la Nación, denunciando que Cortolima negó "arbitrariamente" la licencia ambiental al proyecto, ignorando la voluntad popular y desestimando la evidencia técnica.

"Somos testigos de cómo la corporación pretende vulnerarnos el derecho al trabajo, a un ambiente sano, porque comprendemos lo que implica la energía renovable y la descarbonización del medio ambiente", se lee en el documento.

Carrillo también criticó que, según él, Cortolima no ha respondido de fondo a las inquietudes de la comunidad sobre el estado del trámite ambiental. La comunidad se siente "desilusionada" y preocupada, ya que el proyecto prometía capacitaciones con el SENA para formar técnicos en paneles solares y ofrecer salidas laborales reales.

A pesar de que Voltalia ha estado presente en el territorio desde 2023 y el trámite con Cortolima inició en abril de 2024, cumpliendo con 41 requerimientos, estudios ambientales y pruebas de campo, la corporación emitió un concepto negativo sin reconocer la participación ciudadana ni el rigor técnico.

Según la comunidad con la decisión de la entidad, se pierden empleos directos e indirectos, procesos de formación técnica para jóvenes rurales y una reducción de 23.000 toneladas de CO2 anuales, lo que podría afectar el cumplimiento de los compromisos climáticos del país.