La directora de Cortolima explicó que la entidad solo actúa en control y vigilancia ambiental, y que el proceso sancionatorio abierto obedece a irregularidades en el uso de la madera para la estructura de la corraleja, no a una decisión sobre el evento en sí.

En medio de la polémica por la posible cancelación de las corralejas en El Guamo, la directora de Cortolima, Olga Lucía Alfonso, salió al paso para aclarar que la corporación no tiene competencia sobre la realización o no del evento. Según explicó, su intervención se ha limitado a una función legal de control y vigilancia ambiental, en respuesta a denuncias ciudadanas y oficios de la Procuraduría.

“Nosotros hicimos una visita técnica con nuestro equipo, revisamos la documentación y el estado de la madera utilizada para levantar la infraestructura de la corraleja. Los técnicos determinaron que no cumplía con lo que establece la norma, por lo que se decomisó parte de la madera e iniciamos un proceso sancionatorio”, señaló Alfonso.

Frente a las declaraciones del empresario que asegura que la madera sí cumple con el segundo grado de transformación exigido para este tipo de estructuras, la funcionaria fue enfática: “Nosotros nos basamos únicamente en lo que dicta la ley y en el informe técnico. No nos corresponde aceptar o negar argumentos subjetivos. Actuamos conforme a lo que encontramos en la verificación”.

Además, recalcó que la corporación no emite decisiones sobre la realización de eventos culturales como las corralejas. “Eso le corresponde a la administración municipal. Cortolima no autoriza fiestas, lo que hace es verificar que el uso de los recursos naturales esté dentro del marco legal”, aclaró.

La directora también precisó que el proceso sancionatorio no es contra un único empresario, sino contra los actores involucrados en la utilización de madera que no cumple con los requisitos exigidos.

Finalmente, recordó que la actuación de Cortolima fue motivada por múltiples alertas, entre ellas una queja ciudadana y solicitudes de intervención del Procurador General y del Procurador Ambiental y Agrario.

Mientras tanto, crece la tensión en El Guamo, donde habitantes y comerciantes insisten en que la suspensión del evento es un golpe económico para la comunidad. La última palabra sobre la realización de las corralejas, sin embargo, la tiene la Alcaldía.