Productores agrícolas de Prado y Purificación alertan sobre cobros desproporcionados que ascienden a 2.500 millones de pesos anuales. Piden la intervención del Gobierno Nacional para evitar el colapso de la comunidad campesina.

La Asociación de Productores Agropecuarios de Prado y Purificación (Asoprado) denunció cobros excesivos en las tasas de uso del agua por parte de Cortolima, los cuales ascienden a 600 millones de pesos trimestrales y suman un total de 2.500 millones de pesos anuales.

Según los campesinos, esta carga económica pone en riesgo la sostenibilidad del distrito de riego y el sustento de 400 familias, en su mayoría pequeños agricultores y madres cabeza de familia.

Juan Guillermo Bahamón, representante legal de Asoprado, aseguró que estos cobros desconocen los acuerdos compensatorios establecidos tras la construcción de la represa de Prado.

"Nos están sancionando por supuesta captación ilegal de agua, cuando en realidad el recurso nos es entregado directamente por la hidroeléctrica", explicó.

Además, Asoprado denunció que Cortolima impuso una concesión de agua sin que la asociación la hubiera solicitado, lo que agrava aún más la crisis del sector arrocero en la región.

Los campesinos han acudido a instancias nacionales en busca de soluciones, pero hasta el momento no han recibido respuesta. "Pedimos al Gobierno Nacional y Departamental que nos ayuden a refrendar los acuerdos compensatorios y protejan a nuestra comunidad del colapso financiero que estos cobros podrían generar", concluyó Bahamón.

La situación sigue generando preocupación en el gremio agrícola, que insiste en la necesidad de un diálogo con las autoridades para evitar una crisis mayor en la región.