Diego Saldaña, Personero de Flandes, denuncia confusión en la aplicación de la Ley 136 de 1994.

Diego Saldaña, Personero de Flandes, ha expresado su profunda preocupación por la interpretación errónea de las disposiciones legales que regulan el pago de salarios y prestaciones de los personeros en los municipios. En un reciente comunicado, Saldaña señaló que, según el artículo 177 de la Ley 136 de 1994, estos pagos deben hacerse con cargo al presupuesto municipal. Sin embargo, ha surgido confusión debido a orientaciones de la gobernación del Tolima que contradicen esta norma.

La Procuraduría General de la Nación ha emitido dos memorandos instando a los alcaldes a cumplir con estas disposiciones, pero Saldaña indica que algunos alcaldes están recibiendo información contradictoria de la administración departamental. Esta situación se agrava por la interpretación de conceptos de derecho blando, que carecen de fuerza vinculante, en contraposición a las decisiones del Consejo de Estado.

Saldaña criticó que, en lugar de proporcionar asesoría adecuada, la gobernación está confundiendo a los alcaldes sobre el manejo del presupuesto, lo que podría llevar a errores en la gestión pública. Además, mencionó que la reciente ley promovida por el gobierno de Petro, que incrementa gradualmente el presupuesto de las personerías, no se está aplicando correctamente.

Ante esta situación, la Asociación de Personería del Tolima, de la cual Saldaña es presidente suplente, ha solicitado formalmente una reunión con la gobernadora, pero hasta ahora no han recibido respuesta. Saldaña enfatizó que esta falta de atención a los personeros es preocupante, especialmente cuando otros departamentos han logrado establecer diálogos constructivos con sus gobernaciones.

Finalmente, Saldaña anunció que se están evaluando acciones legales para garantizar el cumplimiento de las normas, incluyendo la posibilidad de presentar una acción de cumplimiento ante las salas contenciosas del Consejo de Estado. La reunión programada para el 28 de octubre con la Procuradora General, el Ministro de Justicia y la Defensora del Pueblo es vista como una oportunidad crucial para abordar esta problemática y buscar soluciones efectivas.