Luz Nelly Arbeláez expresan su indignación por la liberación del agresor.

La Secretaría de la Mujer del departamento del Tolima ha entregado un dispositivo de seguridad a Blanca Inés Contreras, con el fin de salvaguardar su vida y su integridad tras el riesgo inminente que enfrenta. La decisión judicial de liberar a su agresor, Uldarico Meléndez, quien la atacó brutalmente con 22 machetazos el pasado 1 de febrero, ha provocado una ola de indignación en la comunidad y entre representantes de la justicia.

La secretaria de la Mujer, Luz Nelly Arbeláez, subrayó la urgencia de la situación: “Hoy tratamos de abogar como Secretaría de la Mujer Departamental, para ser escuchadas y tener presente el riesgo inminente de esta vida que está en peligro al salir este hombre en libertad. Hacemos entrega de este dispositivo de protección, que está conectado con la Policía Nacional, la Secretaría de la Mujer y un familiar; al activarse, se enviarán alertas a los contactos vinculados”.

Desde el 15 de octubre de 2024, la Secretaría de la Mujer del Tolima había recibido notificaciones sobre el caso de riesgo extremo de feminicidio en El Guamo, y se dirigieron a las entidades competentes. Sin embargo, el grupo jurídico de la secretaría detectó que la solicitud de libertad por vencimiento de términos no fue comunicada adecuadamente a las partes involucradas, lo que impidió una respuesta efectiva.

A pesar de los esfuerzos realizados para solicitar la presencia de un fiscal en la audiencia donde se pretendía argumentar contra la liberación del agresor el juez séptimo de control de garantías concedió la libertad, dejando a la comunidad en un estado de desasosiego.

Este fallo judicial no solo representa una falta de protección para Blanca Inés, sino que subraya la fragilidad del sistema judicial en la lucha contra la violencia de género. Arbeláez concluyó: “Alzamos nuestra voz de indignación ante la falta de acción efectiva por parte de las autoridades judiciales”. La ausencia del Ministerio Público en la audiencia también ha sido criticada, ya que su participación podría haber garantizado los derechos fundamentales de la víctima.