Imputado alcalde de Casabianca por presuntas irregularidades en contrato de suministro para vías durante su primera administración
- por Natalia Gutiérrez
La Fiscalía, a través de sus peritos del CTI adscritos al Grupo de Administración Pública, encontró irregularidades en el contrato realizado en 2017.
Un despacho adscrito a la Unidad de Administración Pública de la Seccional Tolima imputó cargos a William Cardona Orozco por presuntas irregularidades detectadas en un contrato de suministro para el mejoramiento de vías del municipio tolimense de Casabianca. Este contrato se celebró en octubre de 2017, cuando Cardona se desempeñaba como alcalde del municipio.
Asimismo, fueron imputados el exsecretario de Planeación, Fabián Hurtado Orozco, quien fungió como supervisor, y el contratista Paulo César Huertas Céspedes. Se les imputaron los delitos de contrato sin el cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público según sus responsabilidades individuales.
Los hechos motivo de investigación ocurrieron cuando el mandatario adjudicó un contrato de suministro por selección abreviada con Huertas Céspedes por un valor de noventa y cinco millones doscientos sesenta y cinco mil pesos ($95 ́265.000). El contrato tenía como objetivo "contratar la adquisición de materiales e insumos con destino a la adecuación de puntos críticos de las vías y diferentes veredas del municipio de Casabianca, por un término de veinte (20) días".
El municipio pagaría el valor del contrato una vez se ejecutara el total de las actividades o cuando fueran entregados los productos objeto del contrato.
En el acta final de liquidación, peritos del CTI del Grupo de Administración Pública de la Seccional Tolima encontraron múltiples irregularidades, ya que se consignó información sobre material que jamás se entregó, y en otros casos, no se hizo de manera completa. A pesar de estas irregularidades, el supervisor dio fe mediante acta final de que el contratista había cumplido el contrato a cabalidad.
El peculado ascendería a la suma de ocho millones cuatrocientos treinta y cinco mil pesos ($8 ́435.000), utilizando como soportes para autorizar dicha apropiación documentos públicos ideológicamente falsos. Ninguno de los imputados aceptó los cargos enrostrados.