La Contraloría General de la Nación auditó las Corporaciones más grandes del país, que manejaron recursos por casi $4 billones en 2017. Sin embargo, las irregularidades encontradas muestran una gestión deficiente y pobres resultados en materia de protección ambiental.

Dentro de las irregularidades que halló el organismo de control fiscal, se encuentran concentración de contratos, prevalencia de la contratación directa, bajísima ejecución presupuestal y obras con problemas en sus estudios.

La corporación de Cundinamarca es la entidad en la que más irregularidades se presentaron con $72 mil millones de hallazgos.

En la Auditoría adelantada a Cortolima, la Contraloría encontró que esta Corporación permitió, por su deficiente gestión, la prescripción de cobros coactivos por sanciones impuestas por valor cercano a $1.100 millones y el no cobro de más de $1.300 millones de tasa por uso de agua.

Estas irregularidades relacionadas con los procesos de contratación, así como con las inversiones de recursos económicos realizadas, fueron puestas en conocimiento a la Procuraduría General de la Nación y a la Fiscalía General de la Nación.

“La Contraloría considera necesario continuar el debate con respecto a la importancia y alcance de la autonomía de las CAR, frente a las debilidades que de manera reiterada ha señalado en sus informes de auditoría, así como en el estudio “Análisis Estructural del Funcionamiento de las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible” señala la entidad en un comunicado.

Al respecto, Cortolima informó a la opinión pública que:

La Corporación Autónoma Regional del Tolima acata y respeta los pronunciamientos de los   organismos de control, especialmente de aquellos  fiscalizadores naturales de los recursos públicos y de la gestión administrativa y misional de las corporaciones autónomas regionales.

En este sentido, Cortolima expresa en forma abierta, su inconformidad por la comunicación emitida por la oficina de prensa de la Contraloría General de la república en calificar como: “deficiente y pobres los resultados en protección ambiental” de 10 corporaciones autónomas, entre ellas Cortolima.

En efecto, La Contraloría General de la República, acaba de   culminar el ejercicio auditor de la vigencia de 2017, por lo cual se obtiene, hallazgos y observaciones de carácter administrativo y fiscal de aproximadamente 2.800 millones de pesos, que están focalizados a la imposibilidad de cobrar el instrumento financiero denominado; Tasa por uso de agua (TUA) a un distrito de riego que no ha querido formalizar la correspondiente concesión de agua ante la autoridad ambiental regional. Y la prescripción de un proceso de jurisdicción coactiva en contra de un infractor por adelantar actividades mineras en forma ilegal en el municipio de Ataco-Tolima que, por carencias en su proceso de notificación, el infractor no adelantó los pagos de las correspondientes multas ante la corporación autónoma del Tolima.

Las actividades misiones y especialmente de aquellas de carácter administrativo que reflejan la condición de una gestión transparente no puede desdibujarse por la mala interpretación de algunos medios de comunicación u oficinas de prensa como la que nos ocupa.

Finalmente, debemos advertir que dentro del proceso de formulación del plan de mejoramiento institucional 2018, se adecuaran los procesos y procedimientos para que tales hallazgos no se vuelvan a reflejar en ejercicio administrativo de Cortolima, afirmó el director general de la entidad Jorge Enrique Cardoso Rodríguez.

Porque Todos Somos Vigías.

Por: Paola Rojas Gómez, periodista regional.