Ciudadanos y un concejal expresan temor a una privatización de 20 años, mientras el municipio defiende que mantendrá el control vial.

El proyecto presentado por la Alcaldía de Melgar para crear una Sociedad de Economía Mixta (SEM) con el fin de financiar la semaforización inteligente y la fotodetección en la transitada vía Melgar–Bogotá ha desatado una intensa controversia en el municipio. Mientras diversos sectores ciudadanos y políticos denuncian que la iniciativa constituye una privatización encubierta del control vial, la administración municipal insiste firmemente en que la autoridad de tránsito seguirá de manera exclusiva en manos de la localidad.

Ante el fuerte impacto institucional y patrimonial que implica esta propuesta, un grupo de ciudadanos radicó formalmente una solicitud de acompañamiento preventivo a la Procuraduría Provincial de Girardot. En el documento, exigen vigilancia para las sesiones del Concejo Municipal programadas para los días martes 23 y viernes 26 de junio de 2026, fechas clave en las que se debatirá la creación de dicha sociedad comercial.

Los firmantes advierten que el proyecto podría transferir de forma irregular funciones, recursos y operaciones que corresponden de manera única a la Secretaría de Movilidad local.

A estas preocupaciones se sumó el concejal Kevin Jaraba, quien ha manifestado públicamente su rechazo rotundo al proyecto, calificándolo como un "negocio" que entregará el tránsito del municipio a manos privadas por un periodo de 20 años. Jaraba denunció que, bajo el modelo propuesto, el socio privado se quedaría con el 55% de los recursos recaudados, mientras que al municipio solo le correspondería el 45%.

Según el cabildante, este esquema generará una persecución económica contra los conductores mediante la inmovilización masiva de motocicletas y vehículos para favorecer los intereses financieros particulares.

Por su parte, el secretario de Movilidad de Melgar, Jhon Fredy Ortiz Cepeda, salió al paso de los cuestionamientos para defender la viabilidad y transparencia de la iniciativa. El funcionario argumentó que bajo ninguna circunstancia se busca concesionar o “vender” la Secretaría, sino proveer al municipio de una herramienta técnica y financiera idónea para modernizar la infraestructura vial sin ceder las competencias públicas esenciales.

El jefe de la cartera vial también respondió a las múltiples críticas surgidas en las redes sociales, señalando que los comentarios en contra buscan politizar un debate estrictamente administrativo.

Ortiz Cepeda recalcó que este modelo difiere sustancialmente de proyectos de vigencias pasadas donde presuntamente sí se cedieron facultades a privados bajo porcentajes que no respetaban los topes legales actuales.

De ser aprobada la creación de la Sociedad de Economía Mixta, el gobierno local promete que el municipio mantendrá la mayoría accionaria y la dirección del control del tráfico, asegurando que las decisiones de sanción y autoridad continuarán blindadas bajo la jurisdicción de la alcaldía.

La Procuraduría deberá evaluar los estudios técnicos, financieros y conceptos jurídicos que sustentan la iniciativa para garantizar la protección del patrimonio público antes de que los cabildantes procedan con la votación definitiva.