Declarados inocentes de ser disidentes de las FARC hace casi un mes, dos hombres de la Esmeralda permanecen encarcelados por trámites judiciales estancados.

Una alarmante situación de presunta injusticia carcelaria afecta a dos campesinos del municipio de Rovira, Tolima. Carlos Eduardo Gutiérrez Rojas y Horacio Cárdenas, capturados en marzo bajo el supuesto de ser integrantes de las disidencias de las FARC, fueron declarados "limpios de cargos" por un juez el pasado 8 de octubre.

Sin embargo, a pesar del fallo a su favor, ambos hombres continúan privados de la libertad debido a un limbo de trámites burocráticos y la falta de una audiencia que ordene su excarcelación.

La detención inicial, llevada a cabo en marzo por una operación conjunta del Ejército, la Policía Nacional y la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC), fue publicitada como un golpe al Grupo Armadoj Organizado Residual (GAO-r) Joaquín González en la vereda La Esmeralda. Las autoridades señalaron que los capturados eran responsables de la expansión territorial y el cobro de extorsiones en Cajamarca, Rovira y Roncesvalles, e incautaron radios de comunicación y otros elementos que los vincularían con la guerrilla.

No obstante, desde el inicio, familiares y habitantes de la zona rural denunciaron graves inconsistencias. Señalaron que el operativo se realizó en la vereda Siberia, lo que puso en duda la precisión de la información oficial.
Además, insistieron en que los elementos incautados no pertenecían a los campesinos y que los radios son un medio de comunicación común y vital en la zona debido a la carencia de señal celular.

La hermana de Carlos Eduardo Gutiérrez Rojas hizo una denuncia pública detallando la frustración de la familia: "En la última audiencia, que fue ahorita el 8 de octubre, a ellos les dijeron que estaban limpios de cargos y que ellos salían en libertad".

A pesar de la orden judicial que los exculpa de ser disidentes, la libertad no se ha materializado. La denunciante asegura que el abogado argumenta la necesidad de realizar procesos adicionales como una "preclusión" y que la audiencia necesaria está estancada por falta de "cupo" o disponibilidad.

"Si un juez le dice a uno, 'usted limpio de cargos', ¿por qué no lo sueltan? Ellos seguirán encerrados pagando algo que ni siquiera deben. Eso me parece a mí muy injusto", manifestó.

La familia clama por la intervención de las autoridades para agilizar los trámites judiciales y restaurar la libertad de los dos campesinos que, legalmente, no tienen cargos pendientes.