En un hecho sin precedentes en la historia política y judicial de Colombia, la jueza 44 penal del circuito con función de conocimiento de Bogotá, Sandra Liliana Heredia, declaró culpable al expresidente Uribe por los delitos de soborno a testigos en actuación penal y fraude procesal, tras un juicio que se prolongó por más de trece años.

La decisión marca un momento histórico en el país, al tratarse del primer fallo condenatorio en contra de un expresidente en ejercicio de funciones o posterior a ellas, dentro de un proceso judicial ordinario.

Durante la audiencia de lectura de fallo, la jueza Heredia concluyó que existieron elementos probatorios suficientes que demostraban que Uribe, de manera consciente, buscó manipular el testimonio de exparamilitares para beneficiar su causa y desprestigiar al entonces senador Iván Cepeda, quien lo había señalado de presuntos vínculos con grupos paramilitares en Antioquia durante su gestión como gobernador.

“El sentido de fallo no tiene color político, no hay lugar para las sospechas ni cálculos electorales, este juzgado ha cumplido desde el principio con cumplir con lo que el derecho permite resolver, ni más ni menos”, indicó Heredia en la lectura.

Entre las pruebas determinantes se destacaron interceptaciones telefónicas, testimonios clave como el del exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, y el seguimiento a las acciones del abogado Diego Cadena, quien actuó en nombre de Uribe en las visitas a cárceles y ofrecimientos a testigos para modificar sus versiones. La jueza señaló que el expresidente "conocía, avalaba y participaba activamente en una estrategia para obtener testimonios falsos que beneficiaran su imagen y su situación judicial".

“Pedimos que este momento sea entendido con la altura y madurez que merece, agradecemos a quienes han depositado su confianza en nosotros y a quienes no, que escuche atentamente, le reconocemos a Álvaro Uribe su disposición, hoy está en la silla más difícil de esta sala pero lo ha hecho con gallardía y cordialidad, de la mano de su esposa, les recordamos que este despacho actúa en derecho sin pasión y sin temor, todos somos iguales ante la ley y nadie está por encima de ella, pero que tampoco están por debajo de su amparo”, aseguró la jueza.

La audiencia, que inició en la mañana, es un momento crucial en uno de los casos judiciales más complejos y divisivos en la historia reciente de Colombia. Uribe Vélez enfrenta acusaciones por soborno en actuación penal y fraude procesal.

Durante la lectura del fallo, la jueza Heredia ha sido enfática en varias conclusiones:

• Testimonio de Juan Guillermo Monsalve: La jueza avaló la veracidad del testimonio de Juan Guillermo Monsalve, testigo clave en el caso, indicando que "no mintió" y que "ha sido coherente durante 14 años", respaldando su declaración con pruebas documentales, videos y chats.

• Grabaciones del "reloj espía": Se validaron las grabaciones obtenidas con el "reloj espía" utilizado por Monsalve, desestimando los cuestionamientos de la defensa sobre la extracción de la información.

• Pruebas contra Diego Cadena: La jueza afirmó que hay pruebas suficientes para deducir que el abogado Diego Cadena llevó a cabo presiones para que Monsalve se retractara.

• Aval a otros testimonios: Se avalaron también los testimonios del senador Iván Cepeda y Deyanira Gómez, expareja de Juan Guillermo Monsalve.

• Interceptaciones telefónicas: Las interceptaciones telefónicas a Uribe en 2018 fueron aceptadas como prueba.

La defensa de Uribe había negado las acusaciones, argumentando que el expresidente solo buscaba verificar información y defender su honra, y que no tenía conocimiento de manipulaciones por parte de su abogado.

El fallo no implica aún una sentencia firme, ya que la defensa del expresidente podrá interponer los recursos correspondientes, incluidos apelación ante el Tribunal Superior de Bogotá.

No obstante, el veredicto representa un giro significativo en la política nacional y genera un terremoto al interior del uribismo, cuyas figuras ya han salido a rechazar la decisión, denunciando lo que consideran una persecución política.

La condena, cuyo monto exacto de pena se conocerá en una audiencia posterior, podría significar hasta 12 años de prisión, dependiendo de si se establece la gravedad del dolo, la reiteración y los efectos sociales del delito.

Este fallo se convierte en un referente para la independencia judicial en Colombia y plantea nuevos desafíos para el sistema democrático, en medio de una coyuntura nacional altamente polarizada y con miras a las elecciones presidenciales de 2026.