Trece inmuebles y una extensa lista de elementos tecnológicos servían para estafar a migrantes en el Tolima

por Kelly Perdomo

La Fiscalía incautó desde chalecos tácticos de autoridades estadounidenses hasta altares de santería en un operativo que desmanteló oficinas de trámites fraudulentos en tres municipios.

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La Fiscalía General de la Nación identificó un total de 13 inmuebles distribuidos en los municipios de Suárez, El Espinal e Ibagué que funcionaban como centros operativos para una red criminal transnacional. Estas propiedades estaban al servicio de una organización señalada de ofrecer trámites migratorios fraudulentos a ciudadanos latinos que buscaban establecerse en los Estados Unidos.

Durante las diligencias de registro y allanamiento, el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) logró incautar una vasta cantidad de material probatorio, incluyendo múltiples dispositivos de almacenamiento electrónico, teléfonos celulares y computadores portátiles. Además de los equipos tecnológicos, los investigadores hallaron agendas, tarjetas bancarias y la suma de 16'867.000 pesos en efectivo.

En el interior de las viviendas y oficinas también se encontró documentación oficial relacionada con permisos de trabajo, procesos de asilo positivo y solicitudes de exención de causal de inadmisibilidad. Para dar una apariencia de legalidad a sus servicios, la red empleaba dos banderas, un pendón con el logo del Departamento de Seguridad de Estados Unidos y dos chalecos tácticos con la insignia "Police Ice".

El operativo, que contó con el apoyo del Gaula Militar, puso al descubierto el uso de imágenes y altares relacionados con rituales de santería. Estas prácticas eran promocionadas como "ayudas esotéricas" para evitar que los migrantes fueran deportados, cobrando por estos servicios y los trámites legales falsos sumas que oscilaban entre los 300 y 10.000 dólares.

De acuerdo con la investigación, los implicados en este entramado residen en Estados Unidos, desde donde publicaban anuncios en páginas web y redes sociales para captar a sus víctimas. Actualmente, la situación judicial de las personas relacionadas se encuentra pendiente de resolver bajo los preceptos de la presunción de inocencia.