Las autoridades investigan la presunta complicidad de exfuncionarios en un millonario despojo que ya suma más de 40 años.

El Ministerio de Defensa Nacional tomó cartas en el asunto para poner fin a un millonario y prolongado despojo de tierras en el Tolima y Cundinamarca. Se trata de un problema que arrastra más de 40 años de historia, donde bandas dedicadas al negocio de los "tierreros" han invadido y loteado ilegalmente terrenos de propiedad estatal en los municipios de Melgar y Nilo.

Las investigaciones preliminares de las autoridades apuntan a un entramado de presunta corrupción. Según se ha manifestado, el avance de estas invasiones habría contado con la complicidad de antiguos funcionarios del Ejército, el propio Ministerio de Defensa y exmiembros de administraciones locales pasadas, quienes habrían permitido la ocupación de los predios.

La red delictiva ha concentrado sus operaciones en puntos clave de la región como Resacas, Sicomoro, Los Cristales y la zona que conduce hacia La Yucala. En estos sectores se ha detectado la venta ilegal de lotes a particulares, un negocio ilícito con el que comercializan terrenos que pertenecen estrictamente a la Nación.

Esta ofensiva jurídica y operativa ha desatado retaliaciones por parte de las organizaciones criminales. El inspector segundo de policía de Melgar, el doctor Edwin Navarro, ha sido blanco de graves amenazas de muerte por liderar el proceso de restitución, por lo que actualmente cuenta con un esquema de protección del Estado.

El objetivo central del Ministerio de Defensa es recuperar la totalidad de las tierras afectadas, que inicialmente sumaban unas 700 hectáreas. Tras los recientes esfuerzos institucionales y las rápidas acciones judiciales en marcha, las autoridades confirmaron que ya solo restan 400 hectáreas por recuperar en esta zona limítrofe.