La Fiscalía General de la Nación a través imputó cargos contra Óscar Ríos Salazar, actual director regional del ICBF en el Tolima.

 

El funcionario está siendo judicializado como presunto responsable de los delitos de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales en concurso homogéneo sucesivo, en concurso heterogéneo sucesivo con falsedad ideológica en documento público agravado por el uso.

 

De acuerdo con el ente acusador, los hechos están relacionados con posibles irregularidades en los contratos de aporte 625 y 626 de 2017 los cuales fueron suscritos entre el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y la Fundación Nawem, y cuyo valor total supera los $3.500 millones de pesos.

 

El objeto del contrato en ambos casos era la atención especializada de niños, niñas y adolescentes en hogares sustitutos de Chaparral, Purificación, Melgar, Honda, El Espinal y Lérida.

 

Los dos contratos fueron analizados por agentes del CTI, quienes encontraron múltiples anomalías en la elaboración de los estudios y los análisis previos, así como en la emisión del certificado de idoneidad por parte del Director Regional, entre otros. 

 

Ríos, al parecer, dio fe de que la fundación contratista tenía más de 30 años de experiencia, que contaba con la licencia de funcionamiento al momento de la expedición de la certificación y que se había comprometido con el Instituto a cumplir los lineamientos técnicos, sin embargo, ninguno de estos hechos correspondería a la realidad.  

 

El funcionario no aceptó cargos, se declaró inocente y seguirá vinculado al proceso en libertad.