William Marmolejo, veedor nacional, se encuentra hoy en Ibagué con el objetivo principal de asistir a los entes de control y fiscalizadores para demandar el convenio que firmó el alcalde de Ibagué, Guillermo Alfonso Jaramillo con la Policía Nacional en Colombia, y que tiene como fin, controlar el tránsito y la movilidad en la capital del Tolima, documento, que según el funcionario, carece de toda validez, porque en Ibagué no existe un organismo de Tránsito legal, tan solo una Secretaría de Movilidad, según el artículo 6 de la Ley 769, en el que se determina qué son realmente los organismos de Tránsito, refiere las Secretarías de Tránsito y Transporte y lo que se refiere en el mencionado convenio es una firma a través de la Policía con una entidad que se llama Secretaría de Movilidad, lo que no es legal.

Según Marmolejo, la Policía podría aplicar sus funciones de Tránsito tan sólo en las carreteras nacionales y no en los perímetros urbanos o municipios, como tampoco pueden existir en una ciudad dos organismos de Tránsito legalmente constituidos, como es el caso de Ibagué, donde funciona tranquilamente el Cuerpo de Guardas de la  Alcaldía y los uniformados de Tránsito de la Policía Metropolitana.

De la misma manera, William Marmolejo, los convenios de Tránsito ya no deben ser con la policía, sino, con el municipio, es decir, con los Guardas Azules, según el Consejo de Estado, en el Contensioso Administrativo en el estudio del Artículo 4 de la Ley 1310 determinó que es contrario a la Ley que los Cuerpos Especializados de la Policía de Tánsito ejerzan funciones en municipios dotados con organismos de Tránsito, los cuales actúan a ravés de sus propios agentes, tal y como ocurre en la capital del Tolima, donde existen desde hace dos años casi 40 agentes, con la inclusión de otros 20 funcionarios.

El convenio tiene un costo durante 6 meses, 565 millones de pesos, y en contraprestación el municipio de Ibagué deberá comprar ese mismo monto  en camionetas, aparatos para realizar las pruebas de embriaguez y otros elementos para las dotaciones de los uniformados.

De la misma manera el veedor nacional, William Marmolejo, hizo el llamado al presidente del Concejo de Ibagué, Juan Pablo Salazar, a quien hará llegar una alerta  temprana, pues el estudio del convenio, que ya se firmó entre la Policía y la alcaldía, nunca pasó por la Corporación para un estudio.

Con la firma de este convenio 2217 se podría estar cometiendo, según Marmolejo varios presuntos delitos, entre ellos un prevaricato y concierto para delinquir.

Por: Juan Manuel Escobar, periodista judicial.