Cuando se adelantaba un evento del Departamento Nacional de Planeación Nacional, en las instalaciones del Hotel Casa Morales de Ibagué, fue capturado por el CTI de la Fiscalía Seccional Tolima, el alcalde de Villarrica, Arley Beltrán Díaz, de quien se supo hace un tiempo, viene siendo investigado por la desaparición de 220 millones de pesos, propiedad del municipio, por lo que fue imputado por los delitos de contrato sin el lleno de los requisitos legales y falsedad ideológica en documento público, cargos que no aceptó.

Según la Fiscal 22 Seccional de la Unidad que tiene el caso, los hechos se presentaron durante el año 2016, cuando el imputado en calidad de mandatario del municipio tolimense, celebró 10 contratos de manera irregular, violando los principios de contratación tal y como lo exige la Ley, ya que el tipo de contrato suscrito con supuestamente dos fundaciones, debieron haberse realizado mediante invitación pública y no por selección directa o a dedo, dijo la Fiscalía.

Al hacer esto, según el ente acusador, suscribió actas de inicio de convenio de cooperación, minutas, y contratos de interés público con contenido falso, pues se logró comprobar que los representantes de las Fundaciones jamás asistieron a las reuniones para firmar dichos documentos; las actas de inicio se firmaron tiempo después de haberse ejecutado los contratos por personas ajenas a las Fundaciones, que eran citadas en el convenio.

Los contratos, entre otros, fueron para apoyar la logística y difusión de actividades como el Día de las Víctimas, Día de los Niños, fiestas del municipio y Día del Campesino.

Según se pudo conocer, la administración municipal realizó unos contratos en varias ferias y fiestas en esa población tolimense, para el año 2016, con dos fundaciones que aparentemente fueron suplantadas, situación de la que se conoció en la Contraloría General de La Nación, donde se abrió investigación formal en contra de Beltrán Díaz, que dio hace algunos minutos como resultado la captura del primer mandatario de esa población.

Dos fundaciones que aparentemente tienen el mismo representante legal, a esta hora son investigadas por las autoridades colombianas, entre ellas se encuentra, Ferbinbi, por Leydi Johanna Jaramillo León y Fundeco, esta última representada por Zugey Álvarez Vergel, de las que se dijo, aparentemente realizaron documentación falsa y sin control alguno y según la Contraloría General de La Nación, no existen soportes que puedan aclarar la situación.

De acuerdo con las investigaciones, los representantes legales de la Fundación Ecológica Integral Creo en Ti y en la Fundación Ecológica Revolucionaria por la Diversidad y el Incremento de la Biomasa, manifestaron al ente de control, que nunca habían realizado alguna negociación con el municipio de Villarrica, además que nunca tuvieron en sus manos cheques a su nombre como producto de algún contrato suscrito con la administración municipal de ese municipio tolimense.

El primer mandatario del municipio de Villarrica, Arley Beltrán, una vez le leyeron los Derechos del capturado fue trasladado al Búnker de la Fiscalía Seccional Tolima, donde fue individualizado y judicializado por los mencionados delitos y hacia las 5 de la tarde de este martes fue presentado en los estrados judiciales de esta capital.

En las audiencias concentradas se escucharon atentamente cada uno de los contratos de prestación de servicios que fueron falsificados y firmados, aparentemente, por los representantes legales de las dos Fundaciones, entre ellas, Zugey Álvarez Vergel, de la Fundación Fundeco, quien señaló a los investigadores de la Fiscalía que nunca los firmó, asimismo lo manifestó a las autoridades Laudo Johanna Jaramillo León.

Fueron 10 contratos que aparentemente estaban firmados por Jaramillo León y Álvarez Vergel, quienes aseguraron que no viajaron al municipio de Villarrica en las fechas estipuladas, como tampoco adquirieron compromisos con la administración municipal que dirige Arley Beltrán Díaz.

El burgomaestre, según la Fiscalía, realizó contratación directa y no por invitación pública, situación que generó l investigación que hoy lo mantiene investigado.

Según la delegada Fiscal 22, el funcionario se encuentra involucrado en un delito que lo llevaría a purgar una pena de 64 a 144 meses de prisión y 180 meses de inhabilidad para ejercer cargos públicos.

Por: Juan Manuel Escobar, periodista judicial.