La Fiscalía imputó cargos por los delitos de concusión en concurso homogéneo y sucesivo en 3 oportunidades, con cohecho impropio en 8 oportunidades, a un funcionario del Instituto Geográfico Agustín Codazzi del Tolima, identificado como Henry José Mejía Padilla, por presuntamente haber solicitado y recibido dádivas de usuarios de la entidad a cambio de trámites propios de sus funciones como oficial de catastro, por una suma cercana a los 15 millones de pesos, de la que supuestamente se apropió en los últimos tres años, según relató la Fiscalía en audiencias concentradas que terminaron a altas horas de la noche de este miércoles.

El procesado quien no aceptó los cargos imputados por el ente acusador, quedó al descubierto tras una denuncia realizada por una víctima identificada como Norma Constanza Romero, a la que le tenía suspendido un proceso por cerca de 6 años para lo cual ya le había pagado la suma de 500 mil pesos.

Las quejas empezaron a ser reiterativas ante la entidad, las cuales llegaron a oídos del mismo director del Igac, quien brindó información valiosa a los funcionarios del CTI de la Fiscalía Seccional Tolima, quienes adelantaron las respectivas investigaciones, bajo la dirección de un delegado fiscal del grupo de Administración Pública, logrando así su captura en la mañana de ayer en su propia oficina de donde salió esposado frente a la mirada de sus compañeros de trabajo que por 34 años estuvieron a su lado.

Cuenta la Fiscalía con suficientes elementos materiales probatorios y evidencia física tales como 22 consignaciones enviadas de usuarios a nombre del funcionario, a quienes les realizó trámites tales como cambios de predio, modificación de avalúos, corrección de zona económica, inscripción de mejoras en los inmuebles, englobes, desenglobes, entre otros propios de su labor como oficial de catastro grado 7, para lo cual diligenciaba resoluciones, quedando en actos administrativos evidenciada su ilicitud.

Sin embargo el abogado defensor, Wilson Vallejo, refutó al ente investigador, aduciendo que los trámites que realizaba su cliente, no eran finalmente firmados por él, evidenciándose, según el profesional del Derecho, una bonificación que le obsequiaban los propietarios de los predios, es decir, Mejía Padilla, realizaba las diligencias en Ibagué evitándole el viaje a sus clientes y por esa labor, le dejaban un dinero como agradecimiento.

Gracias a la búsqueda selectiva en bases de datos, se comprobó que reclamó el dinero en diferentes casas de giros y remesas no solo en la capital tolimense sino también en varios municipios cercanos, pues su labor se extendía hacia otras zonas del Departamento en donde debía visitar los inmuebles de los ciudadanos.

Por esta prueba el abogado Wilson Vallejo, dijo que eran dineros que alcanzaban la suma de 15 millones de pesos, pero que no eran dádivas, sino que era un efectivo que le giraban a su prohijado para que hiciera los pagos que se necesitara y que de ahí le dejaban a Mejía para que recuperara lo que se gastara en transporte y fotocopias, y el sobrante, podía quedárselo como bonificación.

De igual manera, reposa en la carpeta de la investigación contra del hombre de 59 años, un monitoreo de los análisis realizados a varias horas de grabación de las llamadas que le fueron interceptadas, en las que les exige dinero a los propietarios de los bienes inmuebles a cambio de agilizar y efectuar trámites que son totalmente gratuitos, y en otras donde es amenazado por usuarios insatisfechos porque supuestamente no les había cumplido con lo pactado y por ello aseguraban que de no hacerlo, lo delatarían con el director del Igac y las autoridades judiciales.

Entre los usuarios que entregaron dinero a Henry José Mejía Padilla se encuentran Arnulfo Pacheco de quien recibió 100 mil para bajarle el valor del catastro; el 29 de julio 2017 aceptó 100 mil de Jhon Gerrero para un fin igual; 180 mil pesos recibió también de Jhon Gerrero el 30 de junio 2017; el 25 de agosto 2017 aceptó 200 mil de María Rincón; el 21 de abril de 2017, aceptó 200 mil pesos de Jesús Trujillo, por un acto que debería de ejecutar en el desempeño de sus funciones; el 15 de septiembre 2017 recibió 191 mil 700 pesos de la misma persona para ayudar en la rapidez de la elaboración de un documento; el 12 de enero 2018 aceptó de Mariela Manjarrés para elaborar una resolución y el 16 de noviembre de 2018 aceptó 350 mil pesos como promesa remunerativa de Ricardo Rodríguez Torres, para elaborar un documento en las oficinas del Igac, trámites que en realidad no tenían costo alguno.

Fue así como la representante de la Fiscalía solicitó medida de aseguramiento en centro de reclusión contra el encartado, al no encontrar una medida menos lesiva por la gravedad y modalidad de la conducta, con lo cual defraudó a la ciudadanía y a una entidad territorial que le brindó absoluta confianza por más de 30 años.

De igual manera, la Fiscalía General de la Nación, calificó a Mejía Padilla con mentalidad de corrupción desvergonzada y por ende un que el hombre representa un peligro para la sociedad y que seguramente no comparecerá al proceso.

Teniendo en cuenta todos estos argumentos, el juez de turno avaló tal solicitud y lo privó de la libertad en el centro penitenciario y carcelario Coiba de Picaleña, donde deberá permanecer mientras continúa la investigación en su contra.

Por: Juan Manuel Escobar, periodista judicial.