La Fiscalía investiga un convenio de más de $5.400 millones, mientras la defensa y la Procuraduría cuestionan la falta de pruebas concretas que vinculen al exgobernador con los hechos.

La Corte Suprema de Justicia reanudó este miércoles 9 de octubre a las 2 de la tarde el juicio en contra del senador Óscar Barreto Quiroga, quien es investigado por supuestas anomalías en un contrato firmado en 2008 cuando era gobernador del Tolima. El convenio, celebrado con la Empresa Generadora de Energía del Tolima (EGETSA), tenía un valor superior a los 5.400 millones de pesos.

La Fiscalía ha señalado una serie de irregularidades, incluyendo la subcontratación de terceros, la ausencia de estudios técnicos y jurídicos previos, y la transferencia de fondos públicos a una empresa con capacidad operativa limitada. Estas acciones habrían configurado los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin el cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación agravado.

La postura del Ministerio Público

Durante la audiencia de alegatos de conclusión, el representante del Ministerio Público, Henry Francisco Bustos Alba, cuestionó la solidez de la acusación de la Fiscalía.

Específicamente, se centró en el delito de interés indebido en la celebración de contratos. Bustos argumentó que la Fiscalía no ha demostrado cómo se concretó el supuesto interés de Barreto en favorecer al contratista, Diego Fernando Rodríguez Chavarra, a pesar de que este último fue un aportante de campaña. Según el procurador, para que el delito se configure, el interés debe haberse materializado a través de una orden, sugerencia o instrucción, algo que, a su juicio, no se ha probado en el proceso.

La defensa también ha presentado pruebas que sugieren que Barreto sí ejercía vigilancia sobre los contratos a través de comités de gobierno y que el convenio interadministrativo era un mecanismo permitido por la ley para la ejecución del proyecto. Además, se señaló que el contrato no fue firmado por Barreto, sino por el secretario general, quien tenía esa función delegada.

La magistrada a cargo del caso anunció que una vez se tome una decisión, esta será notificada a las partes. El proceso judicial continúa su curso mientras se evalúan las pruebas y testimonios presentados para determinar la responsabilidad del exgobernador.