El ente de control fiscal detectó que los anticipos pendientes por legalizar crecieron 155 % entre 2023 y 2024, pasando de $3,4 billones a $8,6 billones.

La Contraloría General de la República advirtió sobre presuntas irregularidades financieras en Nueva EPS tras un operativo de policía judicial realizado en julio. Los hallazgos señalan un incremento desmesurado en los anticipos, represamiento de facturas sin auditar, aumento en las cuentas por pagar, fallas en la contratación de prestadores y debilidades en la constitución de reservas técnicas.

El organismo explicó que estas diligencias se llevaron a cabo para obtener información técnica, administrativa y financiera que no se encontraba en los sistemas de la Superintendencia de Salud, debido a la carencia de estados financieros certificados y dictaminados. Con ello, se buscó esclarecer la situación real de la entidad y su capacidad de pago.

Según el informe, el problema no se limita al aumento entre 2023 y 2024. Al corte de junio de 2025, los anticipos pendientes por legalizar ascendieron a $15,27 billones, es decir, $6,6 billones adicionales frente al año anterior. Para la Contraloría, este crecimiento compromete la liquidez institucional y eleva el riesgo de un detrimento patrimonial que afectaría directamente la atención en salud de millones de usuarios.