La Agencia para la Reincorporación, Unidad para las Víctimas y Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz aclaran que 92 personas serán reubicadas con el acompañamiento institucional, refutando afirmaciones de inconformidad local.

Las entidades del Gobierno Nacional encargadas de la construcción de paz y la atención a las víctimas, la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), la Unidad para las Víctimas y la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz, han emitido un comunicado público para aclarar la situación sobre la reubicación de familias víctimas del conflicto armado en el departamento del Tolima.

Este pronunciamiento responde a recientes declaraciones, incluyendo las del diputado Guillermo Beltrán, sobre el traslado de personas desplazadas desde el Catatumbo.

Las entidades rechazaron firmemente las afirmaciones que, según su comunicado, "además de falsas, estigmatizan a las víctimas y ponen en riesgo su vida, integridad y derechos fundamentales".

Enfatizaron que estas personas buscan rehacer su vida con dignidad y tienen el derecho constitucional a residir en cualquier parte del país.

En el comunicado se puntualizó lo siguiente:

* Se trata de 92 personas víctimas del conflicto armado, provenientes del Catatumbo, a quienes la Agencia Nacional de Tierras (ANT) les adjudicó un predio en el Tolima. Su reubicación se realizará con el acompañamiento de la Unidad de Víctimas para el desarrollo de proyectos productivos y la reconstrucción de sus vidas.

* Entre estas personas se encuentran 13 firmantes del Acuerdo de Paz, quienes han sido acompañados por la ARN de manera permanente desde el inicio de la emergencia humanitaria, garantizando la continuidad de sus procesos de reincorporación.

* Se desmintió la información sobre una supuesta falta de coordinación con la Alcaldía de Honda y la Gobernación del Tolima. Ambas administraciones han participado en las reuniones convocadas por el Gobierno Nacional para asegurar una llegada "respetuosa, ordenada, digna y segura al territorio".

* Las entidades subrayaron que "ninguna autoridad local puede restringir el derecho a la reubicación". El Gobierno Nacional mantiene su voluntad de avanzar en este proceso, con pleno respaldo institucional.

* Finalmente, se aseguró que no se desamparará a ninguna de estas familias víctimas del conflicto armado ni se renunciará al principio constitucional que les permite vivir en cualquier parte del territorio colombiano.

Las instituciones hicieron un llamado a las autoridades locales y a la comunidad a acoger con solidaridad a estas familias que buscan reconstruir su vida, e invitaron a rechazar los discursos que "alimentan el odio, estigmatizan y perpetúan el conflicto armado".