El asambleísta del Partido de la U expresó su preocupación por el avance del narcotráfico y la minería ilegal, y pidió una intervención integral del Estado para recuperar los territorios.

La situación de orden público en el sur del Tolima continúa generando preocupación entre los dirigentes políticos del departamento, quienes advierten sobre las consecuencias de la presencia de grupos armados ilegales y su participación en actividades criminales.

El diputado Mauricio Ortiz Monroy, del Partido de la U, aseguró que el fortalecimiento de estas organizaciones durante los últimos años ha contribuido al deterioro de la seguridad y al incremento de las economías ilícitas en diferentes municipios.

Según el asambleísta, el narcotráfico ha permitido que estas estructuras obtengan importantes recursos económicos, mientras la explotación ilegal de minerales provoca graves afectaciones ambientales.

“La minería ilegal que se ensañó en nuestro departamento está acabando con nuestros recursos naturales, especialmente con el río Saldaña y otros ríos del sur del Tolima”, manifestó Ortiz.

El diputado cuestionó los resultados de los procesos de negociación con organizaciones armadas y sostuvo que, a su juicio, algunas estructuras han aprovechado estos escenarios para fortalecer su capacidad económica y territorial.

Sin embargo, reconoció la necesidad de las acciones de seguridad que se vienen adelantando para enfrentar a estos grupos.

“Si a este país no se le hace una intervención en todos los órdenes, social, militar y con recursos de inversión en infraestructura, en pocos años sería inviable”, advirtió.

Ortiz señaló que recuperar el control territorial no será una tarea inmediata y que las medidas deben mantenerse acompañadas de inversión social y presencia institucional.

También expresó sus reservas frente a nuevas negociaciones con organizaciones que, según su interpretación, priorizan el narcotráfico y el control de territorios por encima de una salida política al conflicto.

Para el diputado, las recientes reacciones de los grupos armados evidencian las dificultades que enfrentan las autoridades al intervenir zonas donde estas estructuras han consolidado su presencia.

Finalmente, insistió en que la seguridad de las comunidades del sur del Tolima debe ser una prioridad, mediante acciones que combinen el control de las actividades ilegales, la protección de los recursos naturales y oportunidades de desarrollo para sus habitantes.