La gobernadora rechazó las amenazas, la extorsión y el control territorial que pretenden ejercer las estructuras criminales en el sur del departamento.

La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, envió un mensaje contundente a los grupos armados ilegales que buscan imponer sus condiciones sobre las comunidades rurales, al advertir que ninguna organización criminal puede decidir sobre la libertad, el trabajo y la tranquilidad de los ciudadanos.

Durante la rendición de cuentas realizada en Chaparral para los municipios PDET, la mandataria aseguró que no es posible hablar de paz mientras persistan las amenazas contra los habitantes del sur del departamento.

“Ningún grupo armado ilegal tiene derecho a decidir quién puede trabajar, quién puede circular, quién puede producir o quién puede vivir tranquilo en una vereda del Tolima”, afirmó.

Matiz denunció las situaciones de extorsión que enfrentan los caficultores, las intimidaciones contra líderes sociales y la presencia de estructuras armadas que pretenden disputarle al Estado el control de los territorios.

También expresó su preocupación por el crecimiento de la minería ilegal, actividad que, según señaló, amenaza los ríos, destruye los ecosistemas y alimenta nuevas manifestaciones de violencia.

La gobernadora insistió en que las comunidades que durante décadas padecieron el conflicto armado no pueden quedar sometidas nuevamente al dominio de organizaciones criminales.

“La autoridad legítima es la del Estado colombiano y los derechos de nuestros ciudadanos son innegociables”, sostuvo.

En su intervención, Matiz defendió la necesidad de combinar las acciones de seguridad con inversiones que permitan generar oportunidades para las familias campesinas.

En ese sentido, destacó los $121.000 millones destinados a vías terciarias mediante recursos de OCAD Paz, así como las gestiones para dotar los hospitales María Inmaculada de Rioblanco y San Juan Bautista de Chaparral.

La mandataria señaló que estas acciones forman parte del compromiso departamental con Chaparral, Rioblanco, Planadas y Ataco, municipios donde se han reportado inversiones superiores a medio billón de pesos.

Asimismo, manifestó que el fortalecimiento institucional resulta indispensable para evitar que las economías ilegales continúen afectando a las comunidades.

“La paz sin seguridad es frágil, es débil. La seguridad sin oportunidades siempre será insuficiente”, expresó.

Finalmente, Matiz reiteró que su administración continuará defendiendo la presencia del Estado y los derechos de los habitantes del sur del Tolima.

“Que nunca más las armas tengan más poder que las instituciones”, concluyó la gobernadora, al insistir en que los grupos ilegales no pueden imponer sus reglas sobre la población.