El Juzgado Promiscuo Municipal amparó los derechos al debido proceso y al principio de legalidad al comprobar que una concejal inhabilitada alteró el quórum decisorio en el primer debate.

El Juzgado Promiscuo Municipal de Cajamarca dejó sin efectos jurídicos la aprobación en primer debate del Proyecto de Acuerdo No. 15 de 2026, iniciativa mediante la cual la Alcaldía buscaba acogerse a la Ley 550 para reestructurar sus pasivos y salvar al municipio de la quiebra financiera.

La decisión judicial se produjo al resolver una acción de tutela promovida por la ciudadana Sirley Karina Gómez Hurtado, coadyuvada por Sofía Medina García, en la que se denunciaron graves irregularidades en la conformación del quórum de la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Según el fallo de primera instancia proferido el 16 de septiembre de 2026, la votación realizada el pasado 27 de agosto fue invalidada debido a la participación activa de la concejal Luz Amanda Sánchez Torres, quien ocupaba la presidencia de la célula legislativa a pesar de registrar una inhabilidad fiscal vigente emitida por la Contraloría Departamental del Tolima desde febrero de 2025.

Al restar el voto nulo de la cabildante inhabilitada, la propuesta solo obtuvo dos votos válidos de cinco posibles, número insuficiente para consolidar la mayoría requerida por la ley y el reglamento interno.

El juez ordenó al Concejo Municipal de Cajamarca retrotraer el trámite del proyecto hasta antes del primer debate, condicionando su reanudación a la verificación previa del estado de los antecedentes de la corporada en los sistemas del Estado.

No obstante, el despacho desestimó la solicitud de aplicar la figura de la "silla vacía" y la compulsa de copias penales, además de denegar las pretensiones sobre participación ciudadana por resultar prematuras frente a los tiempos legales de respuesta de los derechos de petición.