Orden judicial frena la construcción del nuevo comando de Policía en El Espinal

por Kelly Perdomo

El Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Ibagué decretó la suspensión provisional del Acuerdo Municipal 031 de 2024, medida que deja sin piso legal el cambio de uso de suelo en el lote rural donde se pretendía desarrollar la sede policial.

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Un revés judicial frenó temporalmente los planes de la Alcaldía de El Espinal para la construcción de un nuevo comando de Policía en suelo rural del municipio. Mediante un auto fechado el 6 de agosto de 2026, el Juzgado Octavo Administrativo Oral del Circuito de Ibagué decretó la suspensión provisional de los efectos del Acuerdo No. 031 del 10 de septiembre de 2024, acto expedido por el Concejo Municipal y sancionado por el alcalde Wilson Gutiérrez Montaña.

La decisión responde a la demanda presentada bajo el medio de control de nulidad simple por el ciudadano David Tarrá Buriticá. El demandante argumentó que la administración municipal incurrió en expedición irregular y falsa motivación al alterar el régimen de usos del suelo del Plan Básico de Ordenamiento Territorial (PBOT) sin haber tramitado los estudios técnicos de soporte, la concertación ambiental con Cortolima ni las instancias de participación ciudadana y consulta previas requeridas por la Ley 388 de 1997.

Al resolver la solicitud de medida cautelar, la jueza Diana Milena Orjuela Cuartas le dio la razón al accionante al constatar que el proyecto no estuvo acompañado de los insumos técnicos exigidos por el Decreto 1077 de 2015. La providencia señala que en el expediente no reposa la justificación para complementar el uso principal agropecuario con el dotacional de seguridad en el predio rural identificado, ni se evidenció la conexidad entre ambas actividades.

En el fallo también se enfatiza que resulta más gravoso para la comunidad mantener la vigencia del acuerdo, puesto que la norma habilitaba futuras negociaciones y desarrollos urbanísticos en suelo rural sin el rigor técnico exigido, lo cual ponía en riesgo el patrimonio y los recursos públicos. El juzgado aclaró que esta medida no constituye un prejuzgamiento sobre el fondo del litigio, pero mantendrá congelados los efectos del acuerdo mientras avanza el proceso judicial que determinará su legalidad definitiva.