La mandataria insistió en que la nueva discusión sobre el Sistema General de Participaciones debe garantizar recursos suficientes para que departamentos y municipios puedan asumir las responsabilidades que les asigna la Nación.

La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, manifestó su expectativa frente al nuevo Gobierno Nacional y al debate que deberá darse en el Congreso sobre la reglamentación de la reforma constitucional que modificó el Sistema General de Participaciones (SGP).

La mandataria explicó que, tras la aprobación del acto legislativo que cambia el esquema de transferencias hacia los territorios, será necesario tramitar una nueva ley que defina la distribución de los recursos. Recordó que una iniciativa presentada durante la legislatura anterior terminó archivada al no completar su trámite legislativo.

Matiz señaló que desde las regiones existe interés en que el nuevo proyecto recoja las propuestas construidas en escenarios de participación ciudadana y en los espacios liderados por la Federación Nacional de Departamentos.

Según la gobernadora, uno de los principales retos consiste en lograr que las entidades territoriales reciban recursos acordes con las competencias y responsabilidades que asumen. En ese sentido, insistió en la necesidad de fortalecer la autonomía financiera de departamentos y municipios.

La mandataria también planteó la importancia de incorporar mecanismos relacionados con la valorización, que permitan a los territorios obtener recursos derivados del incremento del valor de los predios beneficiados por grandes obras de infraestructura.

Como ejemplo, mencionó la avenida 145 de Ibagué, corredor vial que ha impulsado el desarrollo urbanístico de amplios sectores de la ciudad, generando valorización de predios sin que el departamento o el municipio hayan recibido recursos directos por ese beneficio económico.

Finalmente, Adriana Matiz expresó su confianza en que el presidente electo y el nuevo Congreso tengan en cuenta las observaciones formuladas por los departamentos para construir una normativa que fortalezca las finanzas territoriales y contribuya al desarrollo regional.