Condenan a exparamilitares del Bloque Tolima por crímenes cometidos en el departamento
- por Oscar Harold Urrego
La justicia emitió sentencia contra cuatro exintegrantes de las extintas AUC por una serie de hechos violentos que marcaron varias comunidades del Tolima entre 1999 y 2005.
La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá condenó a cuatro exintegrantes del Bloque Tolima de las desaparecidas Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, por su responsabilidad en 29 hechos criminales ocurridos en diferentes municipios del departamento.
Los sentenciados fueron identificados como José Cresencio Arias Jiménez, Arnulfo Rico Tafur, Eduardo Alexander Carvajal Rodas y José Wilton Bedoya Rayo, quienes, según la Fiscalía General de la Nación, participaron en homicidios selectivos, desapariciones forzadas, torturas, secuestros y desplazamientos forzados.
De acuerdo con las investigaciones adelantadas por fiscales de la Dirección de Justicia Transicional, la mayoría de las víctimas eran civiles señalados de colaborar con otros grupos armados ilegales o personas que se negaban a obedecer las órdenes impuestas por las estructuras paramilitares que operaban en el Tolima.
Entre los casos documentados por las autoridades se encuentra el asesinato y desaparición ocurridos el 8 de abril de 2002 en el municipio de San Luis, donde una mujer y su sobrino menor de edad fueron interceptados por hombres armados, trasladados a una finca conocida como La Carolina y posteriormente separados.
Según el expediente judicial, el menor fue llevado a un destino desconocido y hasta la fecha no se conoce su paradero. Entretanto, la mujer fue asesinada y desmembrada por los integrantes del grupo ilegal.
Otro de los hechos investigados está relacionado con homicidios y desapariciones de habitantes del municipio de Rovira, quienes fueron retenidos, intimidados y obligados a abandonar sus tierras junto a sus familias por integrantes del Bloque Tolima de las AUC.
La decisión judicial establece penas que van desde los 240 hasta los 480 meses de prisión, además de multas entre 9.000 y 58.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
La Fiscalía indicó que sobre los condenados aplica la pena alternativa contemplada en la Ley de Justicia y Paz, dentro del proceso de juzgamiento de exintegrantes de grupos armados ilegales desmovilizados.