La comunidad realizó una multitudinaria velatón para exigir justicia mientras el animal permanece bajo pronóstico reservado en el Hospital Veterinario de la Universidad del Tolima.

Un profundo sentimiento de indignación embarga a los habitantes del municipio de Chaparral tras conocerse el brutal caso de abuso sexual del que fue víctima una perrita en los últimos días.

El hecho, calificado como aberrante por las autoridades departamentales, movilizó a cientos de ciudadanos que se unieron en una sentida protesta simbólica pidiendo que el responsable sea castigado con todo el peso de la ley.

Desde el momento en que se reportó la emergencia, diversas asociaciones animalistas se contactaron con la Secretaría del Interior para coordinar esfuerzos y garantizar una atención primaria efectiva. Gracias a la gestión conjunta con la Defensa Civil, la canina fue trasladada de urgencia hacia la ciudad de Ibagué, donde fue recibida por un equipo especializado de profesionales para intentar salvar su vida.

Actualmente, el animal se encuentra bajo observación clínica rigurosa en el Hospital Veterinario de la Universidad del Tolima. El doctor Diego Echeverry, director del centro asistencial, lidera la realización de exámenes médicos detallados para determinar el alcance de las lesiones y avanzar en el proceso de recuperación, mientras el departamento sigue con atención su evolución.

Respecto a las acciones legales, el secretario del Interior del Tolima, Jonathan Suárez, confirmó que ya se interpusieron las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la Nación. Se presume que el atacante es una persona de la tercera edad en condición de calle, quien ya está identificado por las autoridades a la espera de los dictámenes periciales que permitan oficializar su captura e inicio del proceso penal.

En Colombia, estos actos son sancionados bajo la Ley 1774 de 2016, la cual reconoce a los animales como seres sintientes y castiga el maltrato animal con penas de prisión que oscilan entre los 12 y 36 meses. Además de la privación de la libertad, los agresores pueden enfrentar multas que superan los 60 salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilidades para ejercer cargos o profesiones relacionadas con animales.

Finalmente, el gobierno departamental lamentó que este tipo de situaciones se repitan en el territorio y aseguró que no descansarán hasta que el responsable enfrente las consecuencias de sus actos. El secretario Suárez enfatizó que la colaboración entre la fuerza pública, los organismos de socorro y la sociedad civil será clave para que este caso no quede en la impunidad.