El alcalde encendió las alarmas en el Congreso al advertir que la falta de fuerza pública y operativos tiene al municipio en una crisis que ya impacta la salud, la seguridad y la economía.

En medio de un debate de control político en la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes, el alcalde de Ataco, Héctor Fabio Muñoz, lanzó un fuerte llamado al Gobierno Nacional ante el avance de la minería ilegal y sus efectos en el orden público del municipio.

El mandatario fue enfático en señalar que Ataco no cuenta con la capacidad institucional para enfrentar esta problemática, revelando que la estación de Policía apenas dispone de 15 uniformados y que la presencia militar es mínima, limitada a soldados regulares en servicio.

Muñoz aseguró que, pese a múltiples solicitudes formales al Ministerio de Defensa, no han recibido el apoyo necesario, lo que ha permitido que la situación se agrave. Incluso, indicó que el hospital local se ha visto desbordado por la atención de heridos en riñas, accidentes de tránsito y emergencias asociadas a la actividad minera ilegal.

El alcalde también denunció que, aunque se han tomado medidas como la prohibición del ingreso de maquinaria amarilla desde julio de 2025, estas no han sido suficientes ante la falta de operativos constantes. Según explicó, tras una única intervención de las autoridades, la maquinaria regresó y la actividad ilegal se expandió a municipios vecinos como Chaparral.

A esto se suma el incremento de fenómenos como la extorsión y la presencia de grupos armados ilegales, que estarían obteniendo rentas de la explotación minera ilícita. El mandatario advirtió que más de 5.000 personas foráneas han llegado al territorio, lo que incrementa la presión social y económica.

Finalmente, Muñoz insistió en que la solución no solo pasa por acciones contundentes de la fuerza pública, sino también por la implementación de alternativas económicas que permitan la reconversión laboral de quienes dependen de la minería, especialmente los mineros tradicionales de la región.