Perfiles falsos en redes sociales y una línea de WhatsApp fraudulenta hacen parte de la estrategia para sabotear la imagen de la mandataria y engañar a los funcionarios.

La Gobernación del Tolima rompió el silencio y realizó una grave denuncia pública sobre una situación irregular que afecta la comunicación oficial de la mandataria Adriana Magali Matiz. A través de un comunicado oficial, se expuso la existencia de un comportamiento coordinado que busca desprestigiar el contenido publicado en la cuenta de Facebook de la gobernadora.

El equipo de comunicaciones identificó que las publicaciones están siendo blanco de ataques masivos con reacciones negativas provenientes de cuentas sospechosas. Muchos de estos perfiles presentan características de las denominadas "bodegas digitales", con nombres en idiomas asiáticos y una nula actividad real, creados exclusivamente para manipular la percepción ciudadana.

Ricardo Suárez, secretario del Interior del Tolima, manifestó su profunda preocupación por este hostigamiento sistemático. El funcionario señaló que estas prácticas no son críticas genuinas, sino una estrategia malintencionada que busca empañar el trabajo transparente que se viene realizando en favor de los habitantes del departamento.

A este sabotaje en redes sociales se suma una nueva y peligrosa modalidad de engaño detectada en las últimas horas. Se trata de la creación de una línea de WhatsApp falsa que está siendo utilizada para contactar a contratistas y funcionarios de la administración departamental, invitándolos a grupos fraudulentos bajo la mentira de un cambio en los canales oficiales.

Desde la Secretaría del Interior se hizo un llamado urgente para que los trabajadores de la entidad y la ciudadanía en general no caigan en estas trampas. Estos números fraudulentos no solo buscan confundir a los equipos de trabajo, sino que también se utilizan para difundir mensajes de odio y desinformación en contra de la mandataria seccional.

Ante la gravedad de estos hechos, la administración ya prepara las acciones legales pertinentes. Se instaurará una denuncia formal ante la unidad de delitos informáticos de la Fiscalía General de la Nación para rastrear las direcciones IP desde donde se originan estos ataques, los cuales muchas veces provienen de servidores ubicados en otros países.

Finalmente, el gobierno departamental insistió en que este tipo de acciones, que calificaron como políticas y ruines, no detendrán la marcha de los proyectos en la región. Las autoridades esperan que la investigación arroje resultados prontos para identificar a los responsables intelectuales de este ataque cibernético contra la institucionalidad del Tolima.