La situación generó cuestionamientos sobre la adecuación del proceso electoral y la protección de los derechos de las personas con discapacidad.

En el departamento de Santander, se desató una controversia por la citación de personas con discapacidad visual total -personas ciegas- como jurados de votación para las próximas elecciones, lo que ha sido cuestionado por organizaciones sociales y defensores de derechos humanos.

La denuncia fue hecha por familiares y representantes de personas ciegas, quienes manifestaron que varios de sus asociados recibieron citaciones oficiales para desempeñarse como miembros de mesa en los puestos de votación, a pesar de que el ejercicio de jurado implica tareas logísticas que requieren visión, como leer información en documentos, identificar votantes y manipular papeletas físicas.

En respuesta, organizaciones que trabajan con personas con discapacidad indicaron que la Ley 1618 de 2013 y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad —ratificada por Colombia— establecen que toda persona con discapacidad debe tener garantías plenas de acceso y participación, pero también que los procesos públicos deben respetar la igualdad de oportunidades y la no discriminación cuando las funciones asignadas no son apropiadas para sus capacidades funcionales sin ajustes razonables.

Voceros de las asociaciones de ciegos señalaron que, si bien hay interés de sus representados por participar democráticamente, el rol de jurado requiere apoyo específico o, en muchos casos, adaptaciones que no les han sido garantizadas por la oficina encargada de la organización electoral.

Algunos citados expresaron que no recibieron orientación previa ni herramientas accesibles para desempeñar esas funciones en mesas de votación.

Ante la polémica, la Registraduría Nacional del Estado Civil y la Defensoría del Pueblo han sido solicitadas para aclarar el criterio de selección y la adecuación de roles para personas con discapacidad visual, así como para analizar posibles ajustes logísticos, capacitación especializada o reasignación de funciones que respeten los derechos de quienes fueron convocados.