Un evento realizado en un escenario del Conservatorio desató cuestionamientos sobre la imparcialidad institucional y el uso de bienes públicos en contextos políticos.

La presencia del candidato presidencial Abelardo de la Espriella en la Sala Alberto Castilla de Ibagué, acompañado por el rector del Conservatorio del Tolima, James Enrique Fernández Córdoba, generó polémica por tratarse de un escenario y bienes de carácter público.

La visita del aspirante se dio en el marco de una agenda política en la ciudad, que incluyó actividades en espacios abiertos para la promoción de su campaña. En ese contexto, su aparición en la Sala Alberto Castilla fue interpretada por algunos sectores como una extensión de esa jornada, lo que abrió el debate sobre los límites entre lo cultural y lo político cuando se trata de escenarios estatales.

Los diputados del Tolima Carlos Reyes y Jaime Tocora, cuestionaron lo ocurrido y pidieron a los entes de control revisar si hubo participación indebida de funcionarios públicos en actividades políticas. En diálogo con Ondas de Ibagué, el asambleísta Tocora aseguró que este tipo de episodios “son un secreto a voces” y que, sin sanciones, se seguirán repitiendo.

Reyes citó la Directiva 013 del 28 de agosto de 2025 de la Procuraduría General de la Nación, en la que se reiteran las restricciones para que servidores públicos utilicen su cargo o bienes del Estado con fines proselitistas. A su juicio, la presencia del rector del Conservatorio junto al candidato en un escenario público podría configurar una eventual falta disciplinaria.

“Los funcionarios pueden tener afinidades políticas, pero no pueden usar su cargo ni los bienes públicos para favorecer candidaturas”, afirmó el diputado, quien solicitó que se abra una investigación formal para determinar si hubo uso indebido de recursos oficiales o participación en actividades políticas durante el evento.

El episodio reavivó el debate sobre la imparcialidad institucional en tiempos preelectorales y la necesidad de separar de manera estricta los escenarios culturales de las actividades proselitistas. Corresponderá a los organismos de control evaluar si los hechos constituyen o no una falta disciplinaria y si hay lugar a eventuales sanciones.