El organismo de observación electoral solicitó una circular dirigida a los alcaldes del departamento para evitar que se obstruya la difusión de publicidad política en el espacio público.

Luego de conocerse la denuncia de la representante y candidata Martha Alfonso sobre la expulsión de su equipo de campaña en el municipio de Murillo, la Misión de Observación Electoral (MOE) en el Tolima se pronunció oficialmente tras obtener la versión directa de la congresista. Cristhian Camilo Martínez, coordinador regional de la MOE, confirmó que el caso fue expuesto durante el Comité de Seguimiento Electoral realizado recientemente.

Ante esta situación, la MOE solicitó la emisión de una circular departamental dirigida a todos los alcaldes y alcaldesas del Tolima. El objetivo principal es recordar que los mandatarios locales no deben obstruir el derecho constitucional que tienen todas las campañas electorales para realizar la difusión de su publicidad, especialmente cuando restan pocos días para los comicios.

Martínez enfatizó que, a solo 33 días del cierre de las campañas en espacios públicos, es imperativo brindar las mayores garantías democráticas a todos los movimientos políticos sin distinción alguna. La MOE advirtió que la Procuraduría General de la Nación deberá evaluar si existió una posible extralimitación de funciones por parte de los servidores públicos involucrados en el incidente de Murillo.

Por su parte, la Policía Nacional informó que ya realizó una retroalimentación con sus uniformados para evitar que se repitan procedimientos que limiten la actividad política legítima. Este ajuste busca asegurar que la fuerza pública actúe bajo los principios de neutralidad y respeto a las normas electorales vigentes.

Finalmente, durante la sesión del Comité Electoral, no solo se abordó el caso de la representante Alfonso, sino que también se revisaron otras alertas en el departamento. Entre ellas, la MOE destacó la vigilancia sobre la inscripción atípica de cédulas en varias zonas del Tolima, con el fin de prevenir posibles delitos relacionados con el traspatio de votos o trashumancia.