El alto tribunal estudiará la legalidad del incremento del 23% que fijó el sueldo en 2 millones de pesos; diputado Jaime Tocora califica de "miserables" a quienes buscan tumbar el aumento.

Tras el reinicio de labores luego de la vacancia judicial, el Consejo de Estado anunció la admisión para estudio de una demanda que busca anular el decreto expedido el pasado 29 de diciembre, con el cual el gobierno del presidente Gustavo Petro fijó el salario mínimo para 2026 en 2 millones de pesos.

El recurso, interpuesto por el ciudadano Germán Castro, está dirigido contra los ministerios de Hacienda y Crédito Público y del Trabajo. El demandante sostiene que el incremento del 23% vulneraría disposiciones legales y constitucionales vigentes.

Como parte del trámite, el Consejo de Estado ya notificó a las carteras involucradas y otorgó un plazo de 30 días para que las entidades accionadas, junto a la Procuraduría General de la Nación y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, se pronuncien sobre el fondo del asunto.

Asimismo, el despacho ordenó al Gobierno nacional allegar la totalidad de los documentos técnicos y administrativos que precedieron la firma del decreto para este 2026.

La admisión de la demanda generó una reacción inmediata en sectores políticos del Tolima. El diputado Jaime Tocora, del Pacto Histórico, defendió la legalidad de la medida y lanzó duras críticas contra los magistrados y líderes gremiales que cuestionan el aumento.

Tocora señaló que el decreto cumple con los estándares de la Sentencia C-815 de 1999 y el artículo 53 de la Constitución, asegurando que el incremento es superior a la inflación (que actualmente está por debajo del 6%) y garantiza un salario mínimo vital y móvil.

Según el diputado, el Gobierno puede demostrar que se cumplieron todas las fases de negociación con los gremios, a pesar de no haber logrado un acuerdo en la Comisión de Concertación.

Afirmó que el ajuste armoniza los estándares de la OIT para una vida digna y salda una "deuda histórica" con la clase trabajadora.

En un tono más vehemente, el asambleísta cuestionó la solvencia moral de quienes pretenden frenar el decreto: "Es inaudito que un magistrado que gana 61 millones de pesos acepte el estudio de una nulidad para decirle a un colombiano que gana 2 millones que su aumento es injustificado. Son unos miserables", afirmó Tocora, extendiendo el calificativo a Jaime Cabal, presidente de FENALCO, entre gremial que también adelanta una demanda contra el mismo decreto del aumento.

Finalmente, el diputado destacó que bajo el actual gobierno se han logrado indicadores económicos favorables, como un dólar por debajo de los 3.700 pesos y una mayor capacidad adquisitiva que permite a las familias trabajadoras disfrutar de actividades básicas de recreación, algo que, a su juicio, incomoda a la "clase elitista" del país.