Luis Carlos Arenales, presidente de la central obrera, defiende la constitucionalidad del aumento a 2 millones de pesos y advierte que los trabajadores saldrán a las calles si se tumba el decreto.

Tras conocerse que el Consejo de Estado admitió para estudio la demanda contra el decreto que fijó el salario mínimo en 2 millones de pesos, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) en el Tolima manifestó su rechazo a lo que consideran una estrategia del sector empresarial para frenar el bienestar de la clase obrera. Luis Carlos Arenales, presidente de la CUT Tolima, señaló que el empresariado colombiano utiliza estos métodos jurídicos para intentar tumbar un decreto que, a su juicio, es plenamente legal y se fundamenta en el desarrollo del artículo 53 de la Constitución Política, el cual consagra el derecho a un salario mínimo vital y móvil.

El líder sindical explicó que esta postura de alerta es compartida por un comando unido conformado por las centrales de trabajadores CUT, CTC, CGT y las confederaciones de pensionados de Colombia, quienes sostienen que el incremento del 23% es una medida necesaria para garantizar un trabajo decente.

Arenales destacó que, desde el año 2022, se ha observado una disminución constante en las cifras de inflación y desempleo, lo que ha permitido una recuperación paulatina del poder adquisitivo para cerca de cuatro millones de colombianos que devengan el mínimo.

Por esta razón, el gremio espera que el alto tribunal obre con justicia y mantenga la constitucionalidad de la norma expedida por el Gobierno Nacional. No obstante, la dirigencia sindical advirtió que no se quedará de brazos cruzados en caso de que el fallo resulte desfavorable para los intereses de los trabajadores.

Arenales anunció que ya se están coordinando llamados a la movilización nacional para exigir el reconocimiento del ajuste salarial definido por el presidente Gustavo Petro. Según el dirigente, estas jornadas de protesta no pretenden presionar indebidamente a la corte, sino defender un logro histórico que busca armonizar los estándares internacionales de vida digna y saldar una deuda histórica con quienes mueven la economía del país.