Crece la violencia política en el Tolima: MOE revela datos alarmantes

por Geraldi González

El análisis de información pública muestra un aumento sostenido de agresiones relacionadas con el ejercicio político y social.

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La Misión de Observación Electoral, a través de su subcoordinador regional en el Tolima, David Giraldo, reveló preocupantes hallazgos sobre el comportamiento de la violencia política en el departamento, tras un proceso de recopilación y análisis de datos estadísticos obtenidos a partir de registros de medios de comunicación.

Según el estudio, el Tolima presenta una tendencia similar a la del ámbito nacional, con un aumento progresivo de hechos violentos relacionados con la actividad política. Los municipios que registran mayor número de casos son Carmen de Apicalá, Melgar, Ibagué, Líbano y San Antonio, donde se han documentado acciones dirigidas contra candidatos políticos, exconcejales, líderes políticos y líderes sociales.

Giraldo explicó que cerca del 90 % de los hechos analizados corresponden a violencia categorizada como violencia política, la cual puede manifestarse mediante amenazas, atentados u otras acciones que buscan afectar el ejercicio político o social de las víctimas. Del total de los casos, el 72 % ha tenido como objetivo a hombres, mientras que el 27 % ha afectado a mujeres en el territorio tolimense.

El informe, que recoge datos registrados entre los meses de mayo y octubre, señala que estos hechos victimizantes reflejan un patrón que requiere especial atención por parte de las autoridades y organismos de control.

Frente a los mecanismos de denuncia, la MOE recordó que las personas que consideren estar siendo víctimas de violencia política deben acudir de manera inmediata a las instituciones competentes, como la Defensoría del Pueblo, que brinda acompañamiento y orientación, así como a la Fiscalía General de la Nación para adelantar los procesos judiciales correspondientes.

Finalmente, la organización reiteró la importancia de visibilizar estos hechos, fortalecer los canales de denuncia y garantizar el acompañamiento institucional para prevenir la escalada de la violencia política en el departamento.