Tras una tutela del Personero de Planadas, se dictó una medida provisional que exige presencia inmediata en la Circunscripción 15 de Paz (Planadas, Rioblanco, Chaparral y Ataco) ante el inminente cierre de inscripciones de candidatos.

En una decisión judicial que busca blindar los derechos políticos de las víctimas del conflicto armado, el Juzgado Penal del Circuito de Chaparral admitió una acción de tutela y ordenó una medida provisional de urgencia contra la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV).

La acción fue interpuesta por Rider Rojas Rojas, Personero Municipal de Planadas, quien alegó la presunta violación de derechos fundamentales como la participación política, la igualdad y el debido proceso. Según el accionante, la entidad no ha cumplido con las campañas de pedagogía y sensibilización necesarias para las elecciones de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz para el periodo 2026-2030.

La Juez Laura Marcela Cortés Albadán determinó que la situación amerita una intervención inmediata para evitar un perjuicio irremediable. En consecuencia, ordenó a la UARIV que, en un término improrrogable de 24 horas, despliegue a sus funcionarios a los municipios que conforman la Circunscripción 15: Planadas, Rioblanco, Chaparral y Ataco.

El objetivo de esta movilización es dar cumplimiento inmediato al artículo 4 de la Resolución 02439 del 14 de octubre de 2025, garantizando la promoción y facilitación de la participación electoral de las víctimas en dicha zona.

El despacho judicial justificó la urgencia de la medida señalando que el calendario electoral está en una etapa crítica. El plazo para la inscripción de candidaturas al Congreso de la República vence el próximo 8 de diciembre de 2025. Sin la debida pedagogía, se pondría en riesgo el acceso efectivo a estos mecanismos de representación democrática.

Además de la orden a la UARIV, el juzgado vinculó al trámite a la Procuraduría General de la Nación y a la Defensoría del Pueblo para que se pronuncien sobre los hechos. El juzgado advirtió que el incumplimiento de estas órdenes acarreará las sanciones previstas en el Decreto 2591 de 1991.