La diputada Yully Porras exige acciones urgentes ante el millonario desfalco por impuesto al degüello, mientras la Contraloría ya investiga.

La diputada Yully Esperanza Porras Barrero ha encendido las alarmas en la Asamblea Departamental por la crítica situación financiera del Fondo Ganadero del Tolima S.A., entidad que adeuda al departamento una cifra escandalosa que supera los $12.000 millones de pesos por concepto del Impuesto al Degüello de Ganado Mayor.

En el marco del control político, la diputada ha solicitado a la Gobernación del Tolima un informe detallado sobre los montos adeudados, incluyendo capital e intereses, así como las acciones concretas adelantadas durante los procesos de reorganización y liquidación judicial del Fondo. El objetivo es determinar si se han realizado gestiones efectivas para recuperar estos recursos públicos.

"Queremos saber si ha habido acercamientos con el liquidador y cuál es el plan de acción que tiene el Gobierno Departamental para proteger el patrimonio público", enfatizó Porras.

Como una consecuencia directa de esta denuncia, la Contraloría General de la República realizó una visita reciente a la Secretaría de Hacienda del Tolima. Esta acción forma parte de un proceso de control fiscal sobre los recursos administrados por el Fondo Ganadero, que incluye contribuciones parafiscales como las cuotas de fomento ganadero y lechero.

Entre junio de 2016 y septiembre de 2018, el Fondo Ganadero actuó como agente recaudador de estas contribuciones en las plantas de sacrificio de Ibagué y El Espinal. Sin embargo, una auditoría de la Contraloría en 2018 ya había revelado un incumplimiento en el giro a tiempo de estas cuotas y del impuesto al degüello, lo que generó hallazgos fiscales por más de $9.000 millones en ese entonces.

Esta situación pone en evidencia un patrón de incumplimiento que se extiende por más de una década.

A pesar de que el Fondo se encuentra en liquidación judicial, la Gobernación del Tolima mantiene una participación como accionista minoritario, con más de 7.8 millones de acciones (equivalentes al 2.07% del capital social).

Adicionalmente, el departamento figura como acreedor, lo que agrava la complejidad del panorama.

La diputada Yully Porras fue enfática al finalizar su intervención: "La denuncia está hecha. Este no es un tema técnico, es un tema de justicia con los recursos públicos. Vamos a seguir ejerciendo control político y acompañando a los entes de control para que esto no quede impune."