Con su decisión, el mandatario no volverá a ejercer funciones. La ingeniera Ruth Piedad Echavarría también aceptará los cargos.

Sorpresivamente, el alcalde de Armero Guayabal Medardo Ortega y la ingeniera contratista Ruth Piedad Echavarría, implicados en el escándalo de corrupción del senador Mario Castaño, decidieron aceptar los cargos imputados por la Fiscalía General de la Nación.

Fueron tan contundentes las pruebas llevadas por el Fiscal Juan Pablo Sepúlveda Villa a la audiencia concentrada, que el propio abogado defensor Gustavo Osorio recomendó a sus clientes que aceptaran los cargos y trataran de llegar a un acuerdo que les podría permitir una rebaja de hasta el 50 porciento de la pena.

Efectivamente, en la audiencia la Fiscalía reveló conversaciones del alcalde en donde se mencionaban dineros, cuentas bancarias y consignaciones que serían producto de coimas recibidas por cuenta de los proyectos gestionados ante el gobierno nacional por el equipo del detenido senador Mario Castaño.

“Por problemas de carácter técnico no se pudo hacer la aceptación de cargos ayer mismo, toda vez que mis defendidos tomaron la decisión de aceptar los cargos ya se había culminado con la audiencia de imputación que brinda esa oportunidad, entonces se acordó con el fiscal y el juez que hoy se iniciaría el proceso para pre acordar y eso significa aceptar los cargos”, dijo Osorio.

“En este caso lo que sigue es conseguir el descuento para ganar la mitad de la pena en las dos personas, los cargos son interés ilícito en la celebración de contratos y cohecho. En el caso de Ruth Echavarría es interés ilícito en calidad de interviniente que tiene una pena mucho más baja por no tener condición de servidora pública”, aseguró el abogado.

Según el Código Penal, el Cohecho (artículo 405 del Código Penal) tiene una pena de entre 80 y 144 meses de prisión, mientras que el Interés Ilícito en la Celebración de Contratos de acuerdo al artículo 409 tiene una pena de 64 a 216 meses. Para el abogado Osorio, si todo avanza como está planeado, sus defendidos podrían tener una pena inferior a cinco años.